Mediante
técnicas de reproducción humana asistida;
Por
adopción.
La filiación por adopción plena,
por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y
extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones del
CCyCN. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea
la naturaleza de la filiación.
Determinación de la maternidad
En la filiación por naturaleza,
la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del
nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un
certificado del médico, obstétrico o agente de salud si corresponde, que
atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta
inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la
solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge.
Determinación de la filiación matrimonial
Excepto prueba en contrario, se
presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del
matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la
demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la
muerte.
La presunción no rige en los
supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si el cónyuge no prestó
el correspondiente consentimiento previo, informado y libre.
Aunque falte la presunción de
filiación en razón de la separación
de hecho de los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de
éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya nacido el hijo por
naturaleza o mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida.
Determinación de la filiación extramatrimonial
La filiación extramatrimonial queda
determinada por el reconocimiento,
por el consentimiento previo,
informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por
la sentencia en juicio de filiación
que la declare tal.
Formas del reconocimiento
La paternidad por reconocimiento
del hijo resulta:
De
la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o
posteriormente;
De
la declaración realizada en instrumento público o privado debidamente
reconocido;
De
las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el
reconocimiento se efectúe en forma incidental.
El reconocimiento es irrevocable,
no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere
aceptación del hijo. El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos
en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama, excepto
que haya habido posesión de estado de hijo.
Es posible el reconocimiento del
hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida.
La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el
mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en
contrario sobre el nexo genético.
La convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada.
¿TE GUSTARÍA TENER EL POWER POINT QUE SE UTILIZÓ PARA GRABAR ESTA CLASE?
Solamente tenés que hacer click en este enlace para descargarlo…
Reglas primarias: pueden ser consideradas de tipo básico y se prescribe que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Imponen deberes. Se refieren a acciones que implican movimientos o cambios físicos. Por ejemplo el código penal. Nos dicen que hacer o que no hacer.
Reglas secundarias: dependen de las reglas primarias. Son reglas sobre las reglas. Establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación. Confieren potestades, públicas o privadas. Prevén actos que conducen no simplemente a movimiento o cambio físico, sino a la creación o modificación de deberes u obligaciones. Por ejemplo la ley que establece como se sancionan las leyes.
Los elementos del derecho
Una sociedad primitiva que solo contenga reglas primarias simples tendría
los siguientes defectos y problemas:
Falta de certeza: no sabemos
bien cuáles son las reglas, pero además cuando tenemos las reglas siempre habrá
un grado de determinación de hasta dónde llegan, los alcances.
Carácter estático de las reglas:
imposibilidad de modificar las reglas.
Autoridad para hacer cumplir las reglas:
no hay una autoridad central que se encargue de resolver los problemas.
El remedio para cada uno de estos
tres defectos consiste en complementar las reglas primarias de obligación con reglas
secundarias, pasando de un mundo pre-jurídico al mundo jurídico.
Mientras las reglas primarias se
ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, estas reglas
secundarias se ocupan de las reglas primarias. Ellas especifican la manera en que
las reglas primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas,
eliminadas, modificadas, y su violación determinada de manera incontrovertible.
El
remedio para la falta de certeza del régimen de reglas primarias es la
introducción de lo que llamaremos una “regla
de reconocimiento”. Las reglas de reconocimiento especifican que
condiciones debe cumplir una norma para tener validez jurídica. Es la regla
fundamental de las reglas secundarias. La regla de reconocimiento última la
encontramos en la práctica jurídica.
El
remedio para el carácter estático de las reglas es la “regla de cambio”. Las reglas de cambio indican las condiciones que
deben cumplir unos actos para cambiar el ordenamiento jurídico.
El
remedio para la insuficiencia de la presión consiste en reglas secundarias que
facultan a determinar, en forma revestida de autoridad, si en una ocasión
particular se ha transgredido una regla primaria. Son conocidas como “reglas de adjudicación”. Además de
identificar a los individuos que pueden juzgar, tales reglas definen también el
procedimiento a seguir. Definen un grupo importante de conceptos jurídicos como
juez, tribunal, jurisdicción y sentencia. También nos dicen quiénes y cómo
podemos crear distintas relaciones legales. Nos dice quienes tienen las
facultades públicas o privadas para utilizar el derecho.
LOS FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA JURÍDICO
Regla de reconocimiento y validez jurídica
Enunciado interno: La frase “El
derecho dispone que…” manifiesta el punto de vista interno y es usada con
naturalidad por quien, aceptando la regla de reconocimiento y sin enunciar el
hecho de que ella es aceptada, la aplica al reconocer como válida alguna regla
particular del sistema.
Enunciado externo: La frase “En
Inglaterra reconocen como derecho… cualquier cosa sancionada por la Reina en Parlamento…”
es el lenguaje natural de un observador externo del sistema que, sin aceptar su
regla de reconocimiento, enuncia el hecho de que otros la aceptan.
Validez de las reglas
Decir que una determinada regla
es válida es reconocer que ella satisface todos los requisitos establecidos en
la regla de reconocimiento y, por lo tanto, que es una regla del sistema.
Podemos en verdad decir simplemente que el enunciado de que una regla
particular es válida significa que satisface todos los criterios establecidos
por la regla de reconocimiento. La regla
de reconocimiento es la regla última de un sistema. La regla de
reconocimiento nos dice los criterios que debe satisfacer una regla para ser
considerada parte del sistema.
La regla reconocimiento última no
es hipotética. Es una cuestión de hecho porque la podemos ver desde el punto de
vista del observador. Los criterios son supremos, subordinados y derivados.
Si con “eficacia” se quiere
aludir al hecho de que una regla de derecho que exige cierta conducta es más
frecuentemente obedecida que desobedecida, resulta obvio que no hay una
conexión necesaria entre la validez de una regla particular y su eficacia. Hay
una relación contextual entre validez y eficacia, donde se presume que las
reglas validas son obedecidas y son eficaces.
Tenemos que distinguir entre la
ineficacia de una regla particular, que puede o no afectar su validez, y una
inobservancia general de las reglas del sistema. Esta puede ser tan completa y
tan prolongada que, si se tratara de un nuevo sistema, diríamos que nunca se estableció
como sistema jurídico de un determinado grupo, o si se tratara de un sistema
que estuvo establecido alguna vez, diríamos que ha cesado de ser el sistema
jurídico del grupo.
Podemos decir que un criterio de validez jurídica es supremo,
si las reglas identificadas por referencia a él son reconocidas como reglas del
sistema, aun cuando contradigan reglas identificadas por referencia a otros
criterios, mientras que las reglas identificadas por referencia a los últimos
no son reconocidas si contradicen las reglas identificadas por referencia al
criterio supremo.
Cuando después de decir que una
norma particular es válida porque satisface la regla de que lo que la Reina en Parlamento
sanciona es derecho, sostenemos que esta última regla es usada en Inglaterra
por los tribunales, funcionarios y particulares como regla de reconocimiento
ultima, hemos pasado de un enunciado interno de derecho que afirma la validez
de una regla del sistema a un enunciado externo de hecho, que un observador
podría hacer aunque no aceptara el sistema.
Cuando alguien afirma seriamente
la validez de una determinada regla de derecho, por ejemplo, una ley, usa una
regla de reconocimiento que acepta como adecuada para identificar el derecho.
En segundo lugar ocurre que esta regla de reconocimiento, en términos de la
cual aprecia la validez de una ley particular, no solamente es aceptada por el
sino que es la regla de reconocimiento efectivamente aceptada y empleada en el
funcionamiento general del sistema.
Mientras que una regla
subordinada de un sistema puede ser válida y, en ese sentido “existir” aun
cuando sea generalmente desobedecida, la
regla de reconocimiento solo existe como una práctica jurídica compleja, pero normalmente concordante, de
los tribunales, funcionarios y particulares, al identificar el derecho por
referencia a ciertos criterios. Su
existencia es una cuestión de hecho.
Obedecer una regla no implica
necesariamente que la persona que obedece piense que lo que hace es lo correcto
tanto para el como para los otros.
Hay dos condiciones necesarias y
suficientes mínimas para la existencia
de un sistema jurídico. Por un lado, las reglas de conducta validas según
el criterio de validez ultimo del sistema tienen que ser generalmente
obedecidas, y, por otra parte, sus reglas de reconocimiento que especifican los
criterios de validez jurídica, y sus reglas de cambio y adjudicación, tienen
que ser efectivamente aceptadas por sus funcionarios como pautas o modelos
públicos y comunes de conducta oficial. La primera condición es la única que
necesitan satisfacer los ciudadanos particulares: ellos pueden obedecer cada
uno por su cuenta y por cualquier motivo. La segunda condición tiene que ser
satisfecha por los funcionarios del sistema.
Hart contrapone su teoría contra
la teoría de Austin. Austin habla de elementos
psicológicos, que se relacionan con creencias y análisis de la amenaza,
todo ello configura una teoría predictiva. Austin decía que había órdenes
emanadas de un soberano que obligaban a todos los súbditos a cumplirlas y
estaban obligados a cumplirlos bajo amenaza de castigo. El soberano esta sobre
la ley. Austin explica la obligación desde el punto de vista de un asaltante
que amenaza con un arma a su víctima. Hart dice que esto es verse obligado, y
dice que las normas de Austin explican una parte muy pequeña del derecho.
Verse obligado es distinto a
tener una obligación. La obligación jurídica es estar obligado. Las obligaciones
surgen cuando las personas tienen obligaciones aun cuando no hay amenaza. No
importa si creemos que nos van a sancionar o no, la obligación jurídica
funciona independientemente de cual sea la probabilidad de que me vayan a
sancionar.
En la teoría del derecho de Hart
ya no hay hombres por encima de las leyes, no hay soberano fuera del alcance de
las leyes. Con respecto a las órdenes Hart dice que hay muchas leyes que dan
facultades para hacer o no hacer algo, tampoco poseen sanciones. Por ello la teoría de Austin es incompleta.
La obligación jurídica existe aun
cuando no se cumpla la sanción. Es irrelevante el elemento psicológico y el
elemento predictivo.
Desde el punto de vista del
observador (externo) solo se puede hablar de predicción. Hart introduce el
concepto del punto de vista interno o del participante. El participante acepta
las reglas desde un punto de vista interno. En el derecho las personas aceptan
las reglas jurídicas por eso obedecen las reglas en la mayoría de los casos. Al
aceptarlas reglas las personas tienen la obligación jurídica de cumplir las
reglas.
La personalidad jurídica es aquello en lo cual se van a
enraizar los derechos y obligaciones. Para poder tener derechos y contraer
obligaciones necesitamos la personalidad jurídica. Esto termina por abolir la
esclavitud. Todos los seres humanos tenemos personalidad jurídica.
Toda Persona Humana es persona jurídica. El inicio de la existencia
es desde el momento de la concepción. Es decir que ya tiene ciertos derechos
por ejemplo hereditarios o alimentos. Época de la concepción es el lapso entre
el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Los derechos y
obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente
adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona
nunca existió. El nacimiento con vida se presume.
Persona de existencia ideal son aquellos entes a los cuales
el derecho les confiere la capacidad de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Son incapaces de ejercicio absoluto.
CAPACIDAD DE DERECHO
Es la capacidad que se tiene para ser titular de un derecho. No hay incapaces de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados. Por ejemplo los cónyuges no pueden celebrar contratos de compra venta entre sí.
CAPACIDAD DE EJERCICIO
La capacidad de ejercicio es la capacidad de hacer uso de esos derechos, es la capacidad de hecho. Potestad que tenemos de ejercer los derechos por nosotros mismos. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el CCyCN y en una sentencia judicial. La limitación de la capacidad debe ser lo menos gravosa posible.
Personas incapaces de ejercicio
Tienen los derechos, pero no
pueden ejercerlos por sí mismos. Ellos son:
La persona por nacer (incapacidad de ejercicio absoluta)
La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. (incapacidad de ejercicio relativa)
La persona declarada incapaz por sentencia judicial.
Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad
Menor de edad es la persona que
no ha cumplido dieciocho años. Adolescente es la persona menor de edad que
cumplió trece años.
Los menores hasta los diez años,
son los menores impúberes y son incapaces de ejercicio absoluto. La persona
menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No
obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer
por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En
situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede
intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene
derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a
participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume (es decir que es así
salvo prueba en contrario) que el
adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí
respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su
estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si
se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en
riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento
con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve
teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica
respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el
adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al
cuidado de su propio cuerpo.
Emancipación
La celebración del matrimonio
antes de los dieciocho años emancipa a la persona menor de edad. La persona
emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con ciertas limitaciones.
La emancipación es irrevocable. La
nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del
cónyuge de mala fe (es aquel que sabe que existe la causal de nulidad y aun así
celebra el matrimonio) para quien cesa a partir del día en que la sentencia
pasa en autoridad de cosa juzgada.
Si algo es debido a la persona
menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
Actos prohibidos a la persona emancipada
La persona emancipada no puede,
ni con autorización judicial:
Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;
Hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
Afianzar obligaciones. (significa ser garante o fiador)
Actos sujetos a autorización judicial
El emancipado requiere
autorización judicial para disponer (vender) de los bienes recibidos a título
gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda
necesidad o de ventaja evidente.
Persona menor de edad con título profesional habilitante
La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella.
¿TE GUSTARÍA TENER EL POWER POINT QUE SE UTILIZÓ PARA GRABAR ESTA CLASE?
Solamente tenés que hacer click en este enlace para descargarlo…
Es un atributo y un requisito del
poder. Un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes
establecidas. Se puede emplear la legalidad a propósito del ejercicio del poder
y la legitimidad a propósito de la titularidad: un poder legítimo es un poder
cuyo título está fundado jurídicamente, un poder legal es un poder que se
ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario de un poder legítimo es un poder
de hecho, lo contrario de un poder legal es un poder arbitrario.
Se entiende por principio de
legalidad el principio de acuerdo con el cual todos los órganos del estado se
consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El principio de legalidad
se considera como uno de los puntos de apoyo del estado constitucional moderno.
El poder legal es el que está
regido por las leyes y es ejercido de acuerdo con las leyes que lo rigen. En
este caso el ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente
y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal
de las prescripciones y en el ámbito de las mismas.
En el primer nivel está el
gobierno de la ley, en el segundo nivel los gobernantes deben ejercer su propio
poder únicamente mediante la promulgación de leyes, en el tercer nivel los
jueces deben ser equitativos.
LEGITIMIDAD
Atributo del estado que consiste
en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso
tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza.
Los niveles del proceso de legitimación
Comunidad
política: es el grupo social con base territorial que reúne a los individuos
ligados por la división del trabajo político.
El
régimen es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el
ejercicio del poder.
El
gobierno es el conjunto de funciones en que se concreta el ejercicio del poder
político.
Legitimación: si determinados individuos o grupos se dan
cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en
armonía con su propio sistema de creencias su comportamiento se podrá definir
como legitimación.
Impugnación de la legitimidad: si el estado es contradictorio con el propio sistema de creencias y este juicio negativo se traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política, este comportamiento podrá definirse como impugnación de la legitimidad.
En un sentido muy amplio el
contractualismo comprende todas aquellas teorías políticas que ven el origen de
la sociedad y el fundamento del poder político en un contrato, es decir en un
acuerdo tácito o expreso entre varios individuos, acuerdo que significaría el
fin de un estado de naturaleza (condición de la cual saldría el hombre
asociándose en un pacto con los otros hombres) y el inicio de un estado social
y político.
Sintaxis del contractualismo
El contrato es una relación
jurídica obligatoria entre dos o más personas, en virtud del cual son
establecidos los derechos y deberes recíprocos.
Pacto de asociación: entre los diversos individuos, que así pasan
del estado de naturaleza al estado social decidiendo vivir juntos. Crea el
derecho. Nace el derecho privado.
Pacto de sumisión: instaura el poder político, al cual se promete
obedecer. Crea el monopolio de la fuerza. Nace el derecho público.
Tres teóricos contractualistas
ESTADO DE NATURALEZA
CONTRATO
HOBBES
Hombre depredador. El hombre está dominado por
las pasiones por ello su vida es triste y temerosa y está condenado a la
muerte. Estado de guerra permanente. El hombre puede hacer lo que quiere
incluyendo robar, matar, violar, etc. Por ello la vida es triste.
Todos los derechos de las personas deben ser
entregados menos el derecho a la vida y la libertad a cambio de seguridad. No
puede existir ruptura de contrato. Contrato de sumisión. Deriva en la
Monarquía Absoluta
LOCKE
El hombre no estaba dominado por las pasiones,
era libre y bueno. Contrata para preservar la propiedad privada ya que era
limitada. Contrata para tener un mecanismo de resolución de conflictos. Estado
de naturaleza hipótesis histórica fundamenta la propiedad privada.
Los hombres ceden la capacidad de juzgar sobre
los conflictos que puedan ocurrir. Si se juzga mal se rompe el contrato y
deben volver a elegir otra persona para juzgar. Contrato de asociación.
Deriva en la Monarquía Parlamentaria.
ROUSSEAU
El hombre es buenos Concepción antropológica
positiva. El estado de naturaleza es amoral donde el hombre es feliz. Habla
del buen salvaje y su perfecta armonía con la naturaleza. La vida en sociedad
corrompe la libertad del buen salvaje. El hombre sale del estado de naturaleza
cuando un hombre reclama para algo para sí.
El contrato vuelve a otorgarle la felicidad. El
contrato es de todos con todos. El contrato restaura la igualdad del estado
de naturaleza. Sumisión al principio
posteriormente contrato de asociación. Voluntad general. Deriva en la
Democracia.
Art 10. Abuso del derecho: El ejercicio regular de un derecho propio
o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito
ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se
considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que
excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio
abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la
reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
El abuso del derecho es el
ejercicio de un derecho subjetivo en forma irrestricta, sin límites, y sin
respeto por el otro. En nuestro derecho es contemplado objetivamente desde
1968, ya que el código de Vélez Sarsfield no
lo contemplaba. Para Vélez Sarsfield los derechos eran irrestrictos. El
código de 1968 incorporó el abuso del derecho, ya que tiene un mayor sentido
social. El ejercicio regular de un derecho quiere decir correcto.
El abuso del derecho es un
instituto indispensable para la convivencia humana, en aras de edificar una
sociedad más justa, solidaria y segura. Surge como límite genérico impuesto al
ejercicio de los derechos subjetivos en el mundo occidental. El ejercicio de un
derecho subjetivo debe tener en cuenta el interés de los demás.
Los derechos individuales están
limitados por los justos intereses de los demás, la admisión del instituto del
abuso del derecho deviene así una consecuencia necesaria de la convivencia
humana.
Este instituto nació como una
reacción contra el liberalismo individualista. Esta teoría aparece como una
reacción contra la rigidez de las disposiciones legales y la aplicación mecánica
del derecho. Los jueces deben hacer un uso restrictivo de este remedio
excepcional para evitar el “abuso del abuso del derecho”.
El rol precursor de la
jurisprudencia pertenece a los fallos dictados en 1855 por el Tribunal de
Colmar y la Corte de Casación de Lyon en 1856, que fundándose en la falta de
interés del propietario declaró ilegitimo que este hubiera abierto un pozo en
su propiedad para interceptar la napa subterránea de agua volcándola con bombas
a un arroyo, ocasionando daño al vecino que se servía de esa napa. El tribunal
francés aplico el criterio subjetivo
que funda el acto abusivo en la intención
de perjudicar a otro, sin que su actuación origine un beneficio propio.
El surgimiento del abuso del derecho depende entonces, desde el punto de vista subjetivo, de los siguientes elementos:
Intención de causar perjuicio;
Acción culposa o negligente;
Inexistencia de un interés serio y legítimo para la gente.
La concepción objetiva es calificada como finalista o funcional. Habría abuso del derecho cuando este se
ejerce en oposición a los fines
económicos y sociales que inspiraron la ley que los contiene. Cada vez que
el interés social dañado por ese ejercicio tenga más envergadura o sea más
considerable que el interés social protegido por ese derecho subjetivo, se
producirá lo que Campion llama “ruptura del equilibrio de los intereses en
presencia”.
Existe una tercera posición llamada mixta o ecléctica que combina
elementos de la posición objetiva con los de la subjetiva, ambos criterios se
complementan o combinan.
La jurisprudencia argentina
establece que solo debe utilizarse cuando aparezca manifiesto el
antifuncionalismo del acto. La
jurisprudencia nacional ha receptado el criterio finalista: los
derechos subjetivos pierden su carácter cuando el titular los ejerce desviándolos
de la finalidad que justifica su existencia, contrariando los fines económicos
y sociales que inspiraron a la ley. Nuestra jurisprudencia aplicó con carácter
casi siempre restrictivo el instituto del abuso del derecho.
La Corte Suprema ha considerado que
si se violan intereses particulares de las partes el acto tiene que ser
denunciado por los sujetos interesados, en cambio, si se violan intereses
públicos o generales, la moral o las buenas costumbre, el juez puede
sancionarlo sin petición de parte en resguardo del orden público.
La tendencia mayoritaria de la jurisprudencia exige la combinación de elementos objetivos y subjetivos, enrolándose en la aplicación de la teoría mixta o ecléctica.
AYÚDANOS A SEGUIR CREANDO
Haciendo click en alguno de los botones que están más abajo nos podés ayudar con una pequeña donación a través de Mercado Pago.
