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La existencia de la persona humana termina por su muerte.

La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. La muerte se comprueba con la partida de defunción, que es expedida por el Registro de las Personas, pero además, para declarar fallecida a la persona debe existir un cadáver.

La certeza de muerte ocurre cuando el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, en este caso el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.

Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Esto adquiere importancia por la transmisión de los derechos a los herederos.

Las defunciones producidas en el exterior se prueban mediante los documentos emitidos por el Consulado Argentino o por los instrumentos del país donde se produjo la muerte.

Simple ausencia

Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Si hay un apoderado con capacidad de administrar los bienes, no es necesario declarar la simple ausencia.

Pueden pedir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario; si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido.

El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan.

Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela. El curador sólo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización debe ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.

Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.

Termina la curatela del ausente por:

1. la presentación del ausente, personalmente o por apoderado;
2. su muerte;
3. su fallecimiento presunto judicialmente declarado.

Presunción de fallecimiento

La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente.

Se presume también el fallecimiento de un ausente en los siguientes casos extraordinarios:

1. Si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;
2. Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido.

Procedimiento. Curador a los bienes

El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, y citar a aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por cualquier causa aquél no desempeña correctamente el mandato.

La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente.

Pasados los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia.

Día presuntivo del fallecimiento

1. En el caso ordinario, el último día del primer año y medio.
2. En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.
3. En el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos.

Si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento; en caso contrario, se tiene por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento.

Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Es competente el juez del domicilio del ausente.

Entrega de los bienes. Inventario

Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación (los herederos no pueden disponer de los bienes por cinco años) del caso; puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.

La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes.

Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del interesado.

Si el ausente reaparece puede reclamar:

1. La entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran.
2. Los adquiridos con el valor de los que faltan.
3. El precio adeudado de los enajenados.
4. Los frutos no consumidos.

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son aquellos entes a los cuales el derecho les confiere la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones

Son incapaces de ejercicio absoluto

Las personas jurídicas ideal son capaces de derecho pero no de ejercicio. Ejercen sus derechos por medio de sus representantes. Los representantes son los establecidos en el estatuto. No requieren autorización del estado para comenzar a funcionar.

El estatuto debe decir cuál es el fin de la persona de existencia ideal.

Las personas jurídicas son públicas o privadas.

Personas jurídicas públicas

1. el
   Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
   municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas
   en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;
2. los
   Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional
   público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica
   constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho
   aplicable;
3. la
   Iglesia Católica.

Inoponibilidad

La persona jurídica tiene un patrimonio diferente del de sus aportantes. Por las obligaciones asumidas, en miras del objeto responde con su patrimonio. Si el representante se excede del objeto responde con su patrimonio

No se puede oponer la persona jurídica cuando el representante se excede en el objeto de la empresa.  La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

Atributos

1. Nombre: el nombre siempre tiene que
   estar acompañado por el tipo de sociedad. Hay una diferencia entre el nombre de
   fantasía (es el que usa para funcionar ej. Mc Donald) y el nombre real (arcos
   dorados s.a.)
2. Domicilio: el domicilio es el que
   figure en el estatuto, pero para las obligaciones contraídas por las
   sucursales, el domicilio es el de la sucursal.
3. Patrimonio: se conforma con los aportes
   de los socios que la fundan
4. Objeto: para el cual se creó la persona
   de existencia ideal
5. Capacidad: capacidad de derecho pero no
   de ejercicio.

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Derechos y bienes

El patrimonio son las cosas materiales y los bienes inmateriales (acreencias y deudas) de los que la persona es titular. El patrimonio es la suma de las cosas y los derechos por cobrar menos las deudas.

Todas las personas tenemos patrimonio por ser el mismo un atributo de la personalidad.

Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código.

Los derechos referidos en el párrafo anterior pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.

También existen valores intangibles, como la marca, la confianza, el saber hacer, etc., para el consumidor y para la empresa.

El concepto de patrimonio incluye:

1. El
   derecho emergente de la relación jurídica;
2. El
   deber de respeto a los derechos de los demás;
3. Los
   bienes y servicios sobre los cuales recaen ese derecho y ese deber.

Caracteres

1. Universalidad jurídica: es decir que el
   patrimonio es un todo. Unidad dada por la ley.
2. Es necesario: todos debemos tenerlo.
3. Es único e indivisible: ninguna persona
   puede tener dos patrimonios.
4. Es inalienable: no lo puedo sacar de
   mí. Si se puede enajenar las cosas que conforman mi patrimonio

Función

Es la garantía común o prenda común de mis acreedores. Salvo algunas excepciones, cualquier deuda que contraiga la afianzo y garantizo con mi patrimonio.  Esto funciona a través de tres tipos de acciones judiciales:

1. Acción de simulación: el acreedor ataca
   un bien que aparentemente salió del patrimonio del deudor, pero que en realidad
   sigue allí. (Testaferro).
2. Acción reinvicatoria: el acreedor
   persigue un bien que ya salió del patrimonio del deudor.
3. Acción subrogatoria: el acreedor
   persigue un bien que debería entrar en el patrimonio del deudor pero que
   todavía no entró.

En el marco de estas acciones judiciales hay dos remedios judiciales, que es como esto se lleva a cabo:

1. Embargo: cuando se sabe sobre la
   existencia de los bienes.
2. Inhibición general de bienes: cuando no
   se sabe sobre la existencia de los bienes.

Estos remedios siempre existen en el marco de un juicio. No se puede embargar o inhibir sin juicio previo.

Las excepciones, que forman parte del patrimonio, que no se pueden embargar son:

1. Derechos
   por alimentos.
2. Indemnizaciones
   por despidos laborales o accidentes laborales.
3. Bienes
   de familia.
4. Jubilaciones
   y pensiones.
5. Asignaciones
   familiares.

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Domicilio real

La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.

Domicilio legal

El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

1. Los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
2. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
3. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
4. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

Domicilio especial

Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan.

Domicilio ignorado

La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido.

Cambio de domicilio

El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.

Efecto

El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia.

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La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden.

Reglas concernientes al prenombre

1. Corresponde
   a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin;
   a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la
   autorización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el
   Ministerio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad
   de las Personas;
2. No
   pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros
   prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden
   inscribirse prenombres extravagantes;
3. Pueden
   inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
   latinoamericanas.

Apellido de los hijos

El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.

Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada

La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común.

Casos especiales

La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando.

Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición “de” o sin ella.

La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial.

Cambio de nombre

El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:

• El seudónimo, cuando hubiese adquirido
  notoriedad;
• La raigambre cultural, étnica o religiosa;
• La afectación de la personalidad de la persona
  interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada.

Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad.

Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el diario oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.

Acciones de protección del nombre

Puede ejercer acciones en defensa de su nombre:

1. Aquel
   a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se
   prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la
   publicación de la sentencia a costa del demandado;
2. Aquel
   cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
3. Aquel
   cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si
   ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.

Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.

El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre.

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La filiación puede tener lugar por:

1. Naturaleza;
2. Mediante técnicas de reproducción humana asistida;
3. Por adopción.

La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones del CCyCN. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.

Determinación de la maternidad

En la filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un certificado del médico, obstétrico o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge.

Determinación de la filiación matrimonial

Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte.

La presunción no rige en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si el cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre.

Aunque falte la presunción de filiación en razón de la separación de hecho de los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya nacido el hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida.

Determinación de la filiación extramatrimonial

La filiación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento, por el consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

Formas del reconocimiento

La paternidad por reconocimiento del hijo resulta:

1. De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente;
2. De la declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido;
3. De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental.

El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo. El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama, excepto que haya habido posesión de estado de hijo.

Es posible el reconocimiento del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida.

La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético.

La convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada.

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¿TE QUEDÓ ALGUNA DUDA?

TENEMOS PROFESORES DISPUESTOS A AYUDARTE

Hart contrapone su teoría contra la teoría de Austin. Austin habla de elementos  psicológicos, que se relacionan con creencias y análisis de la amenaza, todo ello configura una teoría predictiva. Austin decía que había órdenes emanadas de un soberano que obligaban a todos los súbditos a cumplirlas y estaban obligados a cumplirlos bajo amenaza de castigo. El soberano esta sobre la ley. Austin explica la obligación desde el punto de vista de un asaltante que amenaza con un arma a su víctima. Hart dice que esto es verse obligado, y dice que las normas de Austin explican una parte muy pequeña del derecho.

Verse obligado es distinto a tener una obligación. La obligación jurídica es estar obligado. Las obligaciones surgen cuando las personas tienen obligaciones aun cuando no hay amenaza. No importa si creemos que nos van a sancionar o no, la obligación jurídica funciona independientemente de cual sea la probabilidad de que me vayan a sancionar.

En la teoría del derecho de Hart ya no hay hombres por encima de las leyes, no hay soberano fuera del alcance de las leyes. Con respecto a las órdenes Hart dice que hay muchas leyes que dan facultades para hacer o no hacer algo, tampoco poseen sanciones.  Por ello la teoría de Austin es incompleta.

La obligación jurídica existe aun cuando no se cumpla la sanción. Es irrelevante el elemento psicológico y el elemento predictivo.

Desde el punto de vista del observador (externo) solo se puede hablar de predicción. Hart introduce el concepto del punto de vista interno o del participante. El participante acepta las reglas desde un punto de vista interno. En el derecho las personas aceptan las reglas jurídicas por eso obedecen las reglas en la mayoría de los casos. Al aceptarlas reglas las personas tienen la obligación jurídica de cumplir las reglas.

LEGALIDAD

Es un atributo y un requisito del poder. Un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas. Se puede emplear la legalidad a propósito del ejercicio del poder y la legitimidad a propósito de la titularidad: un poder legítimo es un poder cuyo título está fundado jurídicamente, un poder legal es un poder que se ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario de un poder legítimo es un poder de hecho, lo contrario de un poder legal es un poder arbitrario.

Se entiende por principio de legalidad el principio de acuerdo con el cual todos los órganos del estado se consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El principio de legalidad se considera como uno de los puntos de apoyo del estado constitucional moderno.

El poder legal es el que está regido por las leyes y es ejercido de acuerdo con las leyes que lo rigen. En este caso el ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de las mismas.

En el primer nivel está el gobierno de la ley, en el segundo nivel los gobernantes deben ejercer su propio poder únicamente mediante la promulgación de leyes, en el tercer nivel los jueces deben ser equitativos.

LEGITIMIDAD

Atributo del estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza.

Los niveles del proceso de legitimación

1. Comunidad política: es el grupo social con base territorial que reúne a los individuos ligados por la división del trabajo político.
2. El régimen es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder.
3. El gobierno es el conjunto de funciones en que se concreta el ejercicio del poder político.

Legitimación: si determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias su comportamiento se podrá definir como legitimación.

Impugnación de la legitimidad: si el estado es contradictorio con el propio sistema de creencias y este juicio negativo se traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política, este comportamiento podrá definirse como impugnación de la legitimidad.

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