Autor: Aprender

El pago es el cumplimiento por excelencia de la obligación, y por ende, su modo de extinción natural ya que pone fin a la relación jurídica satisfaciendo el interés del accipiens.

Habrá pago cuando el deudor realiza la prestación debida a favor del acreedor, que comporta, al mismo tiempo, la extinción de la obligación.

Artículo 865. Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación.

El pago es un acto jurídico, ya que es un acto voluntario lícito que tiene por finalidad inmediata la extinción de la obligación.

ELEMENTOS DEL PAGO

1. Sujetos de pago
2. Objeto de pago
3. Existencia de una obligación preexistente
4. Causa fin.

SUJETOS DE PAGO

El deudor

El deudor tiene el derecho de pagar. Si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación.

El tercero interesado es aquel a quien el incumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del acreedor y del deudor.

Deberes del deudor

1. Buena fe
2. Prudencia
3. Comunicación

El acreedor

Artículo 883. Legitimación para recibir pagos

Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho:

1. al acreedor, o a su cesionario o subrogante; si hay varios acreedores, el derecho al cobro de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación;
2. a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito;
3. al tercero indicado para recibir el pago, en todo o en parte;
4. a quien posee el título de crédito extendido al portador, o endosado en blanco, excepto sospecha fundada de no pertenecerle el documento, o de no estar autorizado para el cobro;
5. al acreedor aparente, si quien realiza el pago actúa de buena fe y de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado; el pago es válido, aunque después sea vencido en juicio sobre el derecho que invoca.

Deberes del acreedor

1. Buena fe
2. Aceptación
3. Cooperación

OBJETO DE PAGO

Artículo 867. El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización.

El objeto de pago consiste en el cumplimiento de la prestación debida; es por ello que se puede afirmar que solo habrá verdadero pago cuando la actividad desempeñada por el deudor se adecue al programa de prestación trazado al constituirse la obligación. Cuando ello ocurre el acreedor vera satisfecho su interés.

Requisitos

1. Debe ser idéntico al objeto debido
2. Debe ser íntegro y no parcial
3. Debe ser puntual
4. Debe ser realizado en el lugar designado.

Principio de identidad

Artículo 868. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.

Existirá identidad del pago cuando lo que se da en pago coincide con el objeto de la obligación: de tal modo, el deudor debe pagar entregando exactamente la cosa prometida o realizando el hecho objeto de la obligación.

Para desobligarse, el deudor, debe cumplir la misma prestación debida, no pudiendo efectuar otra distinta a no ser que el acreedor lo aceptara.

Principio de integridad

Artículo 869. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida.

Se trasgrede este principio cuando el deudor no cumple la prestación adeudada en su totalidad, y pretende efectuar el cumplimiento mediante pagos parciales.

Lugar de pago

La obligación debe cumplirse en el lugar que se haya determinado al respecto, y no en cualquier otro.

La determinación del lugar del pago produce varios efectos:

1. Determina la ley aplicable en el derecho internacional privado que en un contrato internacional, en ausencia de convención expresa, el lugar de pago es el que indica la ley que se aplicará.
2. Fija la competencia del tribunal que habrá de entender ante supuestos de incumplimiento de la obligación

El principio general que rige en materia de lugar de pago es que las partes pueden pactarlo y convenirlo libremente.

Artículo 873. El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, de manera expresa o tácita.

Artículo 874. Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor, cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor.

Esta regla no se aplica a las obligaciones:

1. De dar cosa cierta; en este caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente;
2. De obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo; en este supuesto, lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal.

Tiempo de pago

Constituye uno de los requisitos la exactitud del pago que este sea efectuado puntualmente: quien así no lo efectúa, incurre en el incumplimiento y debe soportar las consecuencias que ello irrogue. El cumplimiento de la prestación en el momento de su vencimiento, resulta fundamental para que se configure la exactitud del pago.

Artículo 871. El pago debe hacerse:

1. si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento;
2. si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento;
3. si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la obligación, debe cumplirse;
4. si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local.

Artículo 872. El pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos.

Gastos de pago

Si bien generalmente el pago no tiene gastos, en determinadas ocasiones puede tenerlos. Se considera gastos de pago a todo aquel desembolso que debe efectuarse tanto para la preparación de la prestación así como también para su exacto cumplimiento.

En ausencia de convención los gastos para hacer un pago son siempre a cuenta del deudor.

Prueba del pago

La prueba del pago resulta ser fundamental para quien pretende extinguir la obligación y liberarse definitivamente. En razón de ello,

Artículo 894. La carga de la prueba incumbe:

1. en las obligaciones de dar y de hacer, sobre quien invoca el pago;
2. en las obligaciones de no hacer, sobre el acreedor que invoca el incumplimiento.

Artículo 895. El pago puede ser probado por cualquier medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado, o revestido de ciertas formalidades.

Artículo 896. El recibo es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida.

Si el acreedor se negara a emitir injustificadamente el recibo a favor del deudor, ello será susceptible de configurar la mora del acreedor, ya que el deudor quedaría autorizado para no pagar si el acreedor se rehúsa sin motivo a emitir el recibo por el pago que aquel desea efectuar. Si ello ocurre, el deudor quedara habilitado a consignar el pago.

Artículo 880. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera.

EFECTOS PRINCIPALES

Efecto extintivo

Como excepción a este principio, hay que destacar que cuando el pago es realizado por un tercero, la deuda subsistirá, ya que el tercero será quien ocupe la posición del acreedor originario.

Efecto satisfactivo

Se da cuando el acreedor obtiene la prestación esperada y ve satisfecho su interés. Satisfecho el interés del acreedor y extinguido su derecho de crédito, lo normal es la extinción de la obligación.

Efecto liberatorio

La realización puntual y correcta de la prestación por parte del deudor provoca la extinción de su deber jurídico.

EFECTOS ACCESORIOS O SECUNDARIOS

1. Se erige en un acto de reconocimiento tácito.
2. Efecto confirmatorio
3. Efecto consolidatorio
4. Efecto interpretativo

EFECTOS INCIDENTALES

1. Derecho al reembolso de lo pagado por el tercero
2. Repetición de lo pagado indebidamente
3. Restitución al acreedor de lo pagado a un tercero
4. Inoponibilidad del pago

Teoría de las equivalencias de las condiciones (conditio sine qua non)

Establece que es causa, toda condición que no puede ser suprimida mentalmente sin que desaparezca el resultado. 

Hay un punto de apoyo seguro para examinar el nexo causal; si se intenta suprimir mentalmente al supuesto originante de la suma de los acontecimientos y entonces se ve que a pesar de eso se produce el resultado, que a pesar de eso la serie sucesiva de las causas intermedias sigue siendo la misma, está claro que el hecho y su resultado no pueden reproducirse a la eficacia de esa persona. Si por el contrario se ve que si se suprime mentalmente a esa persona del escenario del acontecimiento, el resultado no se podría producir en absoluto o que hubiera tenido que producirse por otra vía totalmente distinta: entonces está justificado con toda seguridad considerarlo como efecto de su actividad.

Causa de un resultado es cada condición que no pueda ser suprimida mentalmente sin que con ella desaparezca simultáneamente aquel resultado. Causa y condición son equivalentes.

La teoría es eficiente en el sentido de que no deja lagunas sobre el punto, mas allá de las normales dificultades de prueba.

El problema surge en la limitación de la cadena causal, y en los delitos cualificados por el resultado. Por ejemplo A quiere matar a B, a quien le dispara con un arma de fuego hiriéndolo. Sin embargo, B no muere por el disparo de arma de fuego, sino a raíz del choque de la ambulancia que lo llevaba al hospital. Con la teoría de las equivalencias de las condiciones, no hay duda de que A es causa de la muerte de B, ya que si hipotéticamente se elimina su accionar, el resultado final, esto es, la muerte no habría acaecido, con lo cual A debe ser castigado como autor de homicidio.

Límites de la teoría

La teoría de la condición desemboca teóricamente en el infinito.

1. Prohibición de regreso: no se debía ir más allá de una posición. Ejemplo: si un cazador deja su escopeta en una taberna en donde varias personas tienen una disputa, aquel no es responsable si uno de ellos toma el arma y mata a un tercero de manera dolosa.
2. Acciones mediatas de terceros que no fueran acciones de instigación y complicidad.

Lo decisivo es si el autor ha sido la causa de un suceso externo en su forma concreta, que en nuestro caso no es otra cosa que el resultado típicamente antijurídico.

Teorías limitativas de la responsabilidad

Teoría de la causalidad adecuada

Sigue le procedimiento  hipotético de eliminación de la “conditio sine qua non”, pero no acepta como causa a todas las condiciones del resultado que no puedan eliminarse mentalmente, sino solamente a aquellas que según la experiencia sean en general idóneas para producir el resultado típico. Causa, es entonces, solo la condición adecuada al resultado. Causa son aquellas condiciones que aumentan de manera relevante la posibilidad el resultado típico.

Establece que solo es causa la que, según la experiencia general, es normalmente idónea para producir el resultado.

Una vez delimitadas las condiciones (ex ante), solo es causa aquella que aparezca como apropiada (previsible) para producir el resultado.

No da respuestas a casos en los cuales pese a no ser condiciones adecuadas o calificadas como habituales, son relevantes para el tipo penal.

Esta teoría es uno de los antecedentes de la teoría de la imputación objetiva.

Teoría de la relevancia típica

Distingue con ayuda de la teoría de la condición, entre la causalidad por comprobar de una determinada conducta y la pregunta normativa sobre la relevancia jurídica del suceso causante del resultado concreto.

Propone que una conducta es causa de un resultado cuando cumpla el papel de condición que conlleve un peligro que previsiblemente, desde un punto de vista objetivo, lleve al resultado. La teoría no es ninguna teoría de la causalidad sino de la imputación.

La relación causal por sí sola no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado.

Es necesaria la relevancia jurídico-penal del nexo causal. Es decir, acepta la teoría de la equivalencia de las condiciones, buscando limitar sus excesos en el campo del tipo.

Teoría de la causalidad eficiente

Del conjunto de condiciones, sólo es causa la más eficiente.

La que tiene un poder intrínseco de producción del resultado.

Resulta insuficiente si no se precisa cuál es el fundamento que otorga, a una de las condiciones, el rango de eficiente en la producción del resultado.

Pedro Cornelio Federico Hooft promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad del art. 177 de la Ley Fundamental de dicha Provincia, por ser contraria a la Constitución Nacional, en cuanto le cercena su derecho a ser juez de cámara al requerir, para acceder a tal cargo, “haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero”.

Relató que nació en Utrecht, Holanda, el 25 abril de 1942, ingresó al país en 1948 y obtuvo la nacionalidad argentina en 1965. Cursó sus estudios primarios, secundarios, universitarios y de posgrado en la Argentina. Ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en 1966 como Secretario de Primera Instancia y, posteriormente, ascendió al cargo de Secretario de Cámara. En 1970 fue designado titular de la Fiscalía del Departamento Judicial de Mar del Plata y obtuvo la confirmación del cargo en 1974. Fue designado titular del Juzgado en lo Penal N 13 del mismo Departamento.

Sostiene que la norma es inconstitucional, lo mismo que la interpretación que impone la nacionalidad argentina de origen para ser juez de una Cámara de Apelaciones en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que, por los principios de “igualdad ante la ley” (art. 16 de la Constitución Nacional) y de no discriminación, se trasvasan al argentino naturalizado, como ciudadano, los atributos, derechos y calidades de los nacionales. Además, lesiona el principio de igualdad reconocido en los tratados a que se refiere el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la filosofía que tutela los derechos humanos y evidencia una cuestión federal trascendente, al estar en juego los arts. 31, 55, 111, 5 y 123, declaraciones, convenciones, tratados y pactos complementarios que en lo pertinente conciernen a los derechos del ciudadano, naturalizado y de la Magistratura.

Manifiesta que la vida, la libertad, el honor y la propiedad han estado en sus manos como juez de primera instancia, motivo por cual no pueden esgrimirse impedimentos constitucionales para juzgar sobre esos mismos derechos como integrante de un tribunal de alzada cuando no existen variantes sustanciales para su tratamiento entre una y otra instancia.

A fs. 148/149, la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda y solicitó su rechazo, con costas. Señaló que lo atinente a la ciudadanía de los jueces provinciales pertenece al ámbito de los poderes y facultades no delegados por las provincias a la Nación (arts. 121, 122, 123 de la Constitución Nacional) y que la participación del gobierno federal en esa materia se halla expresamente excluida en virtud del art. 122.

Como quedó expuesto a través del relato antes efectuado, el actor es “argentino naturalizado” y pretende acceder al cargo de juez de cámara en la Provincia de Buenos Aires, cuya Constitución le exige “haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero”.

Antes bien, considero que el tema debatido pasa por la consideración del principio establecido en el art. 16 en cuanto dispone que “todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” y determinar sobre la base de él y de las disposiciones de la Constitución Nacional que contemplan casos similares al aquí planteado, si resulta constitucionalmente válido que la Ley Fundamental de la Provincia de Buenos Aires diferencie a los argentinos nativos y por opción de los argentinos naturalizados, y excluya a los últimos de la posibilidad de acceder al cargo de juez de cámara.

Es claro, entonces, que la ley atribuye a los tres la condición de “ciudadano argentino”, conclusión que puede deducirse, también, de la jurisprudencia de Fallos: 147:252; 154:283; 203:185 y 257:105, con arreglo a la cual la naturalización implica la adquisición de la nacionalidad argentina, en cuyo goce permanece el naturalizado aunque no posea el de los derechos políticos

Sentado lo anterior, cabe señalar que en la Constitución Nacional, la exigencia de ser argentino nativo o ser hijo de ciudadano nativo, en el caso de haber nacido en el país extranjero, sólo aparece para el supuesto del presidente y del vicepresidente (art. 89), más dicha exigencia no es requerida para los legisladores (arts. 48 y 55), ni aún para los jueces de la Corte Suprema (art. 111). Tampoco lo es para los jueces nacionales, que podrán ser nombrados sin más requisito que la idoneidad (art. 99, inc. 41), con la sola excepción de la incompatibilidad señalada en el art. 34. Es así que, sobre tal inteligencia, el legislador nacional, al reglamentar la Carta Magna, dispuso que para “ser juez nacional de una Cámara Nacional de Apelaciones se requiere ser ciudadano argentino”, sin distinción entre nativo, por opción o naturalizado (art. 51 del decreto-ley 1285/58).

V.E. tiene dicho que la garantía constitucional del art. 16 implica la igualdad para todos los casos idénticos y comporta la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias 2°) Que corresponde agregar que, tanto el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), como el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Cambos equiparados jerárquicamente a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22)C establecen que “Todos los ciudadanos” deben gozar (o gozarán) “de los siguientes derechos y oportunidades”… “c) [De] tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Ante preceptos tan explícitos, una norma como el art. 177 de la Constitución bonaerense, que establece, respecto del acceso a determinados cargos, que existen argentinos (“ciudadanos”, en los pactos) de primera clase (los “nativos” y los “por opción”), y otros de segunda clase (los “naturalizados”, como el actor), se presenta afectada por una presunción de inconstitucionalidad que sólo podría ser remontada por la prueba concluyente de que existe un sustancial interés provincial que la justifique.

3°) Que resultan aplicables las palabras de John Stuart Mill: “…Desde un punto de vista práctico, se supone que la carga de la prueba recae sobre aquellos que están en contra de la libertad, es decir, sobre los que están a favor de cualquier restricción o prohibición, ya sea cualquier limitación respecto de la libertad general de la acción humana o respecto de cualquier descalificación o desigualdad de derecho que afecte a una persona o alguna clase de personas en comparación con otras. La presunción a priori es en favor de la libertad y de la imparcialidad”

Es juez de primera instancia provincial, pero está excluido de la posibilidad de ser camarista por su “origen nacional”. Consiguientemente, su situación encuadra en uno de los motivos de discriminación que los pactos prohíben (Empero, lo único concreto que la demandada ha dicho con referencia a la norma impugnada es que la designación de los jueces es problema “complejísimo” y que, en ese “marco de complejidad deviene razonable la exigencia constitucional de que los jueces de la Cámara de Apelaciones sean ciudadanos nativos” (fs. 148/148 vta.). Agregó que “requisitos y condiciones como la que se impugna resultan [de] la derivación de lentos procesos históricos y sociales originados por las particularidades propias de cada estado provincial” (fs. 149).

Resulta evidente que esas aserciones son totalmente insuficientes al momento de considerar si la provincia ha acreditado lo que debía probar,

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se resuelve: Hacer lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad del art. 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires

Artículo 950. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. Si el documento es un instrumento protocolizado y su testimonio o copia se halla en poder del deudor sin anotación del pago o remisión, y tampoco consta el pago o la remisión en el documento original, el deudor debe probar que el acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de la deuda.

Es una especie dentro del género “renuncia”, siendo definida como el acto jurídico unilateral por el cual el acreedor abdica de sus derechos de crédito, liberando en consecuencia al deudor sin ver satisfecho su interés.

La remisión implica la renuncia a un derecho de crédito, la que quedara evidenciada y configurada, cuando el acreedor entregue al deudor el título en el cual consta la deuda.

Es un acto jurídico unilateral, ya que para que produzca efectos basta la sola voluntad del acreedor.

Es un acto jurídico a título gratuito, ya que, de existir algún tipo de onerosidad en la remisión de la deuda, no habría remisión sino dación en pago, novación o quizás transacción.

REQUISITOS

La remisión es un acto no formal y puede ser:

1. Remisión expresa: el acreedor manifiesta de manera positiva e inequívoca su voluntad de abdicar su derecho creditorio.
2. Remisión tácita: puede darse por la entrega del documento original o por la entrega de la copia o testimonio de un documento protocolizado.

EFECTOS

Artículo 952. La remisión de la deuda produce los efectos del pago. Sin embargo, la remisión en favor del fiador no aprovecha al deudor. La hecha a favor de uno de varios fiadores no aprovecha a los demás.

1. Extinción del crédito con todos sus accesorios y garantías.
2. Aniquilamiento de la deuda correspondiente.

CASO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA COSA DADA EN PRENDA

Artículo 954. La restitución al deudor de la cosa dada en prenda causa sólo la remisión de la prenda, pero no la remisión de la deuda.

La prenda es un accesorio de la obligación; en consecuencia, el hecho de que el acreedor efectúe la renuncia a ese derecho real de garantía restituyendo la cosa no puede ser interpretada como que se ha remitido la deuda principal.

Es el conjunto de reglas y normas que permiten brindar solución a los problemas que se suscitan cuando el deudor debe cumplir con varias obligaciones de la misma naturaleza que se encuentran pendientes de cumplimiento, y el pago que efectúa a tal fin no es suficiente para cancelar a todas ellas. Cuando ello ocurre, dichas normas determinan cual es el procedimiento que debe efectuarse en tal caso.

Ejemplo: Juan le debe a Pedro $350.000 en concepto de un préstamo, $200.000 en concepto de la venta de un automóvil y $ 300.000 en concepto de una compra de ganado. Juan solamente le entrega a Pedro la suma de $280.000.

PRESUPUESTOS

1. Deben existir varias obligaciones pendientes de pago y que dichas obligaciones vinculen a las mismas partes.
2. Las prestaciones deben ser todas de la misma naturaleza
3. El pago efectuado por el deudor, debe ser insuficiente para dar cumplimiento a todas las prestaciones pendientes de pago.

IMPUTACIÓN POR EL DEUDOR

Artículo 900. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor.

La regla general es que el deudor es quien tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago, por cuál de las obligaciones lo efectúa. No obstante, existen las siguientes limitaciones:

1. Cuando existen deudas liquidas e ilíquidas, el deudor no puede imputar el pago a estas últimas.
2. El deudor no puede imputar el pago a una deuda de plazo no vencido.
3. Se adeuda capital con intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor

IMPUTACIÓN POR EL ACREEDOR

Artículo 901. Si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo, conforme a estas reglas:

1. debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles;
2. una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras.

Cuando el deudor no hace uso de su facultad de imputar el pago, tal derecho se traslada al acreedor. Esta facultad solo podrá ser ejercida siguiendo estas directivas:

1. La imputación debe realizarse respecto de deudas liquidas y exigibles
2. Una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras.

IMPUTACIÓN LEGAL

La obligación de plazo vencido más onerosa será la primera en cancelarse. Si son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata.

HECHO JURÍDICO

El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Por ejemplo el nacimiento o la muerte de una persona. Hay también hechos de la naturaleza, como por ejemplo la caída de granizo. Del mismo modo un accidente de tránsito es un hecho jurídico.

Todo hecho que produce algún daño es considerado antijurídico. Todo daño debe ser reparado.

No todos los hechos jurídicos son actos jurídicos, por ejemplo nacimiento, muerte, accidente.

SIMPLE ACTO LÍCITO

El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

ACTO JURÍDICO

El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

Todos los actos jurídicos son hechos jurídicos. Hace referencia fundamentalmente a los contratos, por ejemplo la celebración de un matrimonio.

Para conceptuar el acto jurídico es necesaria la siguiente estructura:

1. Un
   hecho humano
2. Voluntario
3. Licito.
4. Que
   tenga por fin inmediato producir determinados efectos jurídicos.

ACTO VOLUNTARIO

El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Si falta alguno de los tres, el acto no es voluntario. Para que exista un acto voluntario es necesario manifestar la voluntad de algún modo.

Correspondencia entre la voluntad del sujeto y su exteriorización

1. Teoría
   de la voluntad: da preeminencia a la voluntad interna del sujeto, protegiendo
   así, al autor de la declaración.
2. Teoría
   de la declaración: sostiene que debe prevalecer la manifestación exterior, por
   sobre la voluntad interna.
3. Teoría
   ecléctica: según la naturaleza del acto y las circunstancias que lo rodean hace
   prevalecer la voluntad o su declaración.  

Manifestación de la voluntad

1. Expresa: Los actos pueden
   exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución
   de un hecho material.
2. Manifestación tacita de la voluntad:
   La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se
   la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la
   convención exigen una manifestación expresa.
3. Silencio como manifestación de la
   voluntad: El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es
   considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la
   interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede
   resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de
   una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.

Acto involuntario

El discernimiento es algo general. Por ejemplo distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de los falso. El discernimiento no es susceptible de juicio moral.

Es involuntario por falta de discernimiento:

1. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. 
2. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años.
3. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.

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