⚖️ ¿Sabías que una detención puede ser legal… y aun así violar los Derechos Humanos?
Si estás estudiando Derechos Humanos, hay un error que se repite todos los años en parciales y finales. Muchos estudiantes creen que, si una detención fue ordenada correctamente, ya no existe ningún problema jurídico. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Una persona puede haber sido detenida legalmente y, aun así, sufrir una violación a su derecho a la libertad personal.
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✅ Qué establece el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
✅ Cuándo una detención puede transformarse en arbitraria.
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✅ Los errores que más suelen aparecer en exámenes.
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Si alguna vez te confundiste entre detención legal, detención arbitraria, debido proceso y control judicial, esta clase fue creada para vos.
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El Derecho a la Libertad Personal es uno de los temas centrales dentro del estudio de los Derechos Humanos. Pero para aprobar la materia necesitás comprender cómo se relaciona con:
⚖️ Debido proceso.
⚖️ Garantías judiciales.
⚖️ Detención arbitraria.
⚖️ Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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El objeto de los contratos es la prestación prometida por las partes, el bien o el hecho sobre los que recae la obligación contraída.
ARTICULO 1003.- Disposiciones generales.
Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la Sección 1a, Capítulo 5, Título IV del Libro Primero de este Código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial.
PRESTACIONES
No pueden ser objeto del contrato:
El hecho imposible o prohibido por la ley, o que sea contrario a la moral y al orden público, o que sea lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad de la persona humana.
Un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.
El hecho contrario a las buenas costumbres.
El objeto debe ser determinado o determinable, posible, lícito, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial.
CARACTERES
OBJETO DETERMINADO O DETERMINABLE
ARTICULO 1005.- Determinación.
Cuando el objeto se refiere a bienes, éstos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización.
El objeto debe ser determinado o determinable. Muchas veces, el objeto es precisado en su individualidad, identificando —por ejemplo— un cuerpo cierto (así, la casa de la calle Solís 944, piso 1º, C.A.B.A.). El objeto es, en estos casos, determinado. El objeto también es determinado, cuando sólo se precisa su especie o género, según sea el caso, aunque no lo esté en su cantidad, si ésta puede ser determinada. En efecto, puede ser suficiente limitarse a indicar la cosa, si ella es fungible, siempre que exista la posibilidad de determinar la cantidad por otra vía.
El objeto es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización, para su determinación.
OBJETO POSIBLE
La imposibilidad que anula el contrato debe ser absoluta. No basta que lo sea sólo para un deudor determinado, por falta de aptitudes o capacidad personales o por otras razones circunstanciales. Es necesaria una total imposibilidad, física (por ej., tocar el cielo con la mano) o jurídica (por ej., prendar una cosa inmueble).
OBJETO LÍCITO
ARTICULO 1004.- Objetos prohibidos.
No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56.
El objeto debe ser lícito y conforme al orden público. Todo objeto contrario a la ley anula la obligación. La ilicitud puede nacer de que el hecho previsto esté prohibido o que se trate de un bien que, por un motivo especial, la ley también lo prohíbe. Ejemplos de ellos son, respectivamente, el contrato celebrado entre padres e hijo menor de edad, y la constitución de una hipoteca sobre una cosa mueble.
OBJETO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN ECONÓMICA
Todo interés es digno de protección jurídica, sin importar que tenga o no contenido patrimonial. La educación de los hijos, el sostenimiento de hospitales, escuelas, bibliotecas, etcétera, constituyen el fundamento de contratos frecuentísimos. No se exige, pues, que el acreedor tenga un interés pecuniario. Pero ello no quiere decir que las obligaciones puedan ser ajenas al patrimonio. La cuestión se aclara distinguiendo entre la prestación u objeto de la obligación, que siempre debe tener contenido patrimonial, y el interés protegido, que puede ser humano, cultural, científico, moral; basta que sea digno de tutela. Pero la prestación en sí misma debe ser siempre susceptible de valoración económica porque de lo contrario no sería posible la ejecución del patrimonio del deudor.
BIENES ESPECIALES
ENERGÍA Y FUERZAS NATURALES
Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Tales energías pueden ser objeto de los contratos, lo que es natural, porque ellas tienen un contenido económico que las asimila a las cosas.
BIENES FUTUROS
ARTICULO 1007.- Bienes existentes y futuros.
Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios.
Los supuestos contemplados en la ley son dos:
Se contrata sobre una cosa que no existe, pero se espera que existirá (ejemplo, la compra de una cosecha antes de que esté en estado de recogerse). Si más tarde la cosa no llega a existir el contrato es nulo.
Se contrata sobre una cosa que todavía no existe, asumiendo el comprador el riesgo de que no llegue a existir nunca: el contrato tiene carácter aleatorio y es por tanto válido aunque la cosa no llegue a existir.
BIENES LITIGIOSOS
ARTICULO 1009.- Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares.
Los bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Quien de mala fe contrata sobre esos bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra parte si ésta ha obrado de buena fe.
BIENES AJENOS
ARTICULO 1008.- Bienes ajenos.
Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y, si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple.
El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos.
Cuando el contrato sobre bien ajeno envuelve una promesa de entregarlo, incluso transmitiendo la propiedad, hay que distinguir varios supuestos:
El que ha prometido la entrega del bien no ha garantizado el éxito de su promesa: sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice; y deberá satisfacer todos los daños que cause, si el bien no se entrega por su culpa. Se trata de una obligación de medios: el contratante debe poner su mayor esfuerzo en lograr el éxito, pero no lo ha garantizado.
El que ha prometido la entrega del bien ajeno, ha garantizado también su entrega efectiva; en tal caso, debe reparar los daños causados si la cosa no se entrega, aunque no mediara culpa de su parte. Ésta es una obligación de resultado: basta no alcanzarlo para que deba responder.
HERENCIA FUTURA
ARTICULO 1010.- Herencia futura.
La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros.
La regla general es que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares.
La prohibición de realizar contratos que tengan en mira una herencia futura, sin embargo, no es absoluta; el Código admite algunas excepciones:
Son válidas las donaciones hechas con la condición de que las cosas donadas se restituyan al donante si éste sobrevive al donatario o al donatario, su cónyuge y sus descendientes.
Es legítima la partición hecha en vida por los ascendientes.
Son válidos los contratos de seguro con cláusula de que a la muerte del asegurado se pagará la indemnización a la persona designada en el contrato.
CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN
ARTICULO 1011.- Contratos de larga duración.
En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar.
Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total.
La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos.
En un contrato de larga duración el tiempo es esencial. El tiempo se vincula con el objeto del contrato. La duración es querida por las partes.
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RESUMEN DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA
Hechos
A.F., en representación de A.G.,
su hija de 15 años de edad, el 14 de enero de 2010, solicitó a la justicia
penal de la Provincia del Chubut —ante cuyos estrados se instruía una causa
contra O.C., esposo de aquélla, por la violación de A. G.— que se dispusiera la
interrupción del embarazo de la niña adolescente mencionada. A.G., “presentaba
síntomas depresivos e ideas suicidas persistentes” y que “el embarazo era
vivido como un evento extraño, invasivo. En su mundo interno era imposible,
incompatible e intolerable calificar como hijo a quien sería hijo del padre de
sus hermanos, hijo del marido de la madre” por lo que se estimó que “la
continuidad de este embarazo contra la voluntad de la niña implicaba grave
riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida” (conf. E.T.I.,
Equipo Técnico Interdisciplinario)
El Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia del Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de
la instancia anterior admitiendo la solicitud de la señora A.F. En la
sentencia, dictada por distintos fundamentos de sus miembros, hubo acuerdo en
que:
El
caso encuadraba en el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º,
primera parte del artículo 86 del Código Penal.
Que
esta hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo
constitucional y convencional
Que,
pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la
otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el caso.
La intervención médica abortiva
así habilitada se produjo finalmente el 11 de marzo de 2010 en el Centro
Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew.
Aquella decisión fue recurrida
por medio de un recurso extraordinario interpuesto, en representación del
nasciturus, por el Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut.
Artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina
El aborto practicado por un
médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
Si
se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
Si
el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante
legal deberá ser requerido para el aborto.
Interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina
De la dignidad de las personas,
reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las
consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas
utilitariamente. Este principio de inviolabilidad de las personas impone
rechazar la exégesis restrictiva de la norma según la cual ésta sólo contempla,
como un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de un embarazo que
es la consecuencia de una violación a una incapaz mental. En efecto, la
pretensión de exigir, a toda otra víctima de un delito sexual, llevar a término
un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más
fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al
postulado, derivado del mencionado principio, que impide exigirles a las
personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo,
sacrificios de envergadura imposible de conmensurar.
Los principios de estricta
legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación amplia de este
supuesto normativo que establece la no punibilidad del aborto practicado
respecto de un embarazo que sea la consecuencia de una violación. No es punible
toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con
independencia de la capacidad mental de su víctima. A esta conclusión se llega
a partir de un doble orden de razones:
De
la mera lectura del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal se evidencia que
el legislador, al utilizar una conjunción disyuntiva al referirse a “si el
embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una
mujer idiota o demente”, previó dos supuestos diferentes para el caso de
embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza.
A
esta conclusión también se arriba analizando esta norma de modo conjunto con
las disposiciones relativas a los hechos ilícitos que pueden causar embarazos
no consentidos por las niñas, adolescentes o mujeres que son sus víctimas.
Llegado este punto, el Tribunal
considera ineludible destacar que, a pesar de que el Código Penal argentino
regula desde hace noventa años diferentes supuestos específicos de
despenalización del aborto, como el traído a discusión ante este Tribunal, se sigue
manteniendo una práctica contra legem, fomentada por los profesionales de la
salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales
nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos,
exigiendo allí donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud de
una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una
violación lo que, como en el caso, termina adquiriendo características
intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales y
convencionales que son ley suprema de la Nación.
Debido a ello este Tribunal se ve
forzado a tener que recordar, tanto a profesionales de la salud como a los
distintos operadores de los diferentes poderes judiciales nacionales o
provinciales, que por imperio del artículo 19 in fine de la Constitución
Nacional, que consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad
penal, ha quedado expresamente dicho por voluntad del constituyente que “ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohíbe”.
Teniendo a la luz aquella manda
constitucional es que debe interpretarse la letra del artículo 86, inciso 2º,
del Código Penal y por dicha razón, se debe concluir que quien se encuentre en
las condiciones allí descriptas, no puede ni debe ser obligada a solicitar una
autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo
manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la
interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y
no resulta punible.
Este Tribunal se ve en la
necesidad de advertir, por una parte, a los profesionales de la salud, la
imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados
ante la situación fáctica contemplada en la norma referida. Por la otra,
recuerda a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del
país que, según surge del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que previó
el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la
interrupción del embarazo, es la embarazada que solicita la práctica, junto con
el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado
a pedido del médico. Las prácticas de solicitud de consultas y la obtención de
dictámenes conspiran indebidamente contra los derechos de quien ha sido víctima
de una violación, lo que se traduce en procesos burocráticos dilatorios de la
interrupción legal del embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una
prohibición implícita –y por tanto contra legem– del aborto autorizado por el
legislador penal.
En consecuencia, y descartada la
posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas
médicas en supuestos como los examinados en autos, la insistencia en conductas
como la señalada no puede sino ser considerada como una barrera al acceso a los
servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias
penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar.
Que cuando el legislador ha
despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el
Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la
obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no
punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones
médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida,
accesible y segura.
El respeto a lo establecido en el
artículo 19 in fine de la Constitución Nacional se traduce en que el artículo
86, inciso 2º, del Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la
violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente
o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación.
Esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al aborto
permitido en caso de violación supone tan sólo como necesario que la víctima de
este hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el profesional
tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del
embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no
resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los
estrictamente previstos por el legislador penal. En efecto, tal como lo ha
señalado la Organización Mundial de la Salud, la exigencia de que las víctimas
de violación, para calificar para el aborto, tengan que elevar cargos contra su
agresor, obtener informaciones policiales, requerir autorización de un tribunal
o satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario, puede
transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas
legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. Estos
requisitos, diseñados para identificar casos fabricados, retrasan el cuidado
necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros o, incluso, pueden
llevar a la negativa de la práctica porque el embarazo está muy avanzado.
Si bien este Tribunal advierte la
posibilidad de configuración de “casos fabricados”, considera que el riesgo
derivado del irregular obrar de determinados individuos, no puede ser nunca
razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que
vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en
riesgos para su salud.
Corresponde exhortar a las
autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos,
mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta
atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras
administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. En particular,
deberán:
Contemplar
pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante;
Evitar
procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen
innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
Eliminar
requisitos que no estén médicamente indicados;
Articular
mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la
salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre
el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la
práctica médica requerida.
Deberá disponerse un adecuado
sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de
conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan
la atención de la requirente del servicio. A tales efectos, deberá exigirse que
la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o
al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de
forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas
cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente,
el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia
sexual.
Por ello la CSJN exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, en los términos aquí sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Además, exhorta al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.
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Todos los gobiernos de facto son
gobiernos de iure y al mismo tiempo todos los gobiernos de iure son gobiernos
de facto.
La discusión debe darse al
diferenciar entre gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos.
La validez jurídica está en el
ámbito normativo. El principio de hume establece que el deber ser no puede
derivarse del ser. No puede decirse que hay que obedecerse las normas creadas
en la dictadura por haber sido creadas en la dictadura. La validez debe
buscarse analizando la legitimidad de origen y la legitimidad de contenido.
La superioridad moral de la democracia
En la democracia deliberativa
están incluidos diversos principios morales y de justicia importantes para
nuestra sociedad. La deliberación nos lleva a escuchar y tomar las mejores
decisiones. La democracia deliberativa es lo más cercano a la situación ideal
de la sociedad.
Hay dos tipos de consideraciones
para juzgar la legitimidad moral de las normas jurídicas: las que hacen a su
contenido y las que hacen a su origen.
Cuando una norma satisface
completamente exigencias respecto de su contenido, las consideraciones
relacionadas con su origen se tornan superfluas. Cuando las consideraciones
concernientes al contenido de las normas no están del todo satisfechas
comienzan a ser relevantes las consideraciones que hacen a su origen.
La validez jurídica es una
cuestión de grado. La necesidad de que el origen de las normas sea legítimo,
desde el punto de vista moral, está fundada en el hecho de que solo ello podría
hacer que sean moralmente obligatorias aquellas normas cuyo contenido se desvía,
dentro de los márgenes tolerables, de exigencias de justicia.
En lo que difieren las normas de
un gobierno democrático de las emanadas de uno autocrático es en el peso de las
razones que podría legitimarlas en virtud de su origen.
El objetivo de promover los
derechos individuales es lo que justifica la existencia de un gobierno, cuando
ese gobierno es democrático se da una presunción revocable de que los medios
adoptados para materializar aquel objetivo son moralmente legítimos.
Las normas emanadas de un
gobierno democrático gozan de presunción de justicia.
La validez de las normas de origen autocrático
No rige la presunción de justificabilidad
moral. Esto no quiere decir que el contenido de esas normas no pueda ser
demostrablemente justo, si lo es, ellas son moralmente obligatorias con
independencia de las circunstancias en que fueron dictadas.
Lo que justifica la existencia de
un gobierno es la necesidad de proteger los derechos individuales básicos. Esto
hace que todo gobierno relativamente estable y eficaz tenga cierta legitimidad
prima facie, que está dada por el hecho de que la ausencia de un gobierno es
probablemente peor, en cuanto a la frustración de derechos, que el peor de los
gobiernos. Pero además de probarse que alguien tiene que mandar hay que probar
que los que mandan son los más indicados para hacerlo.
En el caso de las normas de
origen autocrático no hay presunción de justicia, y por eso la posible justicia
del contenido de las normas debe verificarse en forma independiente y las
eventuales conclusiones negativas a este respecto deben ser contrapesadas con
las consideraciones de paz y seguridad a las que se aludió.
Hay un conjunto de derechos
básicos (vida, libertad de expresión, etc.). Los jueces deben vigilar que esos
derechos se respeten en plenitud, en consonancia con valores sociales como la
seguridad, el orden y finalmente la paz.
La validez jurídica es una cuestión
de grado. En el caso de las normas de facto los jueces deben examinar si el
contenido de las normas es axiológicamente satisfactorio. Si la respuesta es
afirmativa, los jueces están moralmente obligados a aplicar la norma con
independencia de su origen.
Las normas emanadas gozan de una
presunción mínima de validez. Las cuales una vez revisadas, si violan los
derechos básicos, pueden ser inválidas (rechazadas) o válidas.
El rechazo de las normas dictadas por gobiernos autocráticos anula los derechos adquiridos e impide que se reconozca que la ley se reconozca como si hubiera sido plenamente vigente durante el periodo dictatorial.
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La revolución industrial
significo la transición de la sociedad tradicional de base agrícola a la
moderna sociedad industrial. El mercado autorregulado es inhumano: para el no existen
hombre, valores morales, sentimientos sino solo mercancías.
La burguesía se desinteresa de la
dirección política de las clases subalternas; ella solo quiere utilizar su
fuerza de trabajo, explotarlas, no ya gobernarlas. Y exige también que el estado
no corrija las leyes del mercado puesto que ve en cualquier intervención
dictada por consideraciones extraeconómicas un atentado a la natural armonía de
la oferta y demanda. El estado es carente de sensibilidad social.
El EB consiste en un conjunto de
instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de
la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto y a reducir las
diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado.
Las causas que originaron al
estado de bienestar fueron de índole político-social. las instituciones del EB
están caracterizadas por su rigidez, ya que crean derechos garantizados jurídicamente
e incorporados como derechos adquiridos en la conciencia de la población.
Revolución de las expectativas crecientes
Los grupos subalternos ya no
perciben como natural e inmodificable su condición de ciudadanos de segunda o
tercera categoría, ahora pretenden un estatus igual al de las clases
privilegiadas.
Del mercado autorregulado al control social de la economía
La sociedad estaba caracterizada
por un conflicto entre dos partes: por un lado el mercado y por otro la
igualdad. El mercado exige la no intervención del estado y la igualdad por su
parte, postula que el estado debe asumir la carga de eliminar todos los
obstáculos que objetivamente impiden a los ciudadanos menos pudientes gozar de
los derechos políticos y sociales formalmente reconocidos.
En el pasaje del capitalismo
individualista al capitalismo organizado el estado ya no se limita a desempeñar
las funciones de guardián de la propiedad privada y de tutor del orden público
sino que, por el contrario, se hace interprete de valores como la justicia
distributiva, la seguridad, el pleno empleo, que el mercado es hasta incapaz de
registrar.
Hay dos fenómenos que facilitan
el pasaje del estado liberal al estado asistencial: el espectacular crecimiento
de la riqueza y la revolución keynesiana. La revolución keynesiana asigna al
estado un papel económico central.
La política del estado de bienestar
El capitalismo individualista
entra en crisis por dos razones principales, por su orgánica incapacidad de
evitar las crisis económicas y por su insensibilidad frente a las exigencias de
las clases sometidas.
Problemas del estado de bienestar
Es criticado por la izquierda
diciendo que es un modo disfrazado para consolidar el dominio de la clase de la
burguesía. Por su parte la derecha dice, del estado asistencial, que toda
intervención del estado en el mercado es una amenaza a la libertad individual.
EL ESTADO KEYNESIANO
Significó una ruptura con la
etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis
recurrentes por ésta producidas, el EB ya había desarrollado sus instituciones
antes de la Gran Depresión. Las causas
que lo originaron fueron de índole económica.
Los instrumentos típicos del EK son flexibles para poder ser utilizados anticíclicamente.
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