Teoría General del Derecho del Trabajo

Introducción al Derecho del Trabajo

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El hombre requiere para subsistir de cosas materiales e inmateriales que debe proveerse mediante su esfuerzo físico e intelectual. Este esfuerzo tiene una ubicación axiológica de medio frente a los fines trascendentes que lo caracterizan. Y este esfuerzo es el trabajo.

El trabajo, es actividad humana y como tal genera fatiga y desgaste en quien la realiza. Esta fatiga no es sólo física sino también intelectual. Por eso, es inadmisible separar al trabajo del hombre, ya que forma parte de su naturaleza y es lo que lo dignifica. Y no sólo eso, sino que lo ayuda a desarrollar su personalidad e interactuar en la sociedad, dándole un lugar en ella. Por lo tanto, el trabajo es condición propia del hombre. Haciendo que el trabajo esté en función del hombre y no el hombre en función del trabajo.

Si bien, hay veces que parece que es el hombre el que está en función del trabajo, especialmente en los tiempos que corren donde las actividades laborales son muy demandantes. Esto debido a numerosos factores entre ellos, la desocupación que genera que se le exijan mayores responsabilidades al trabajador sabiendo que hay muchos más esperando por su puesto de trabajo.

A pesar de ello, es el trabajo el que sirve de instrumento al hombre para satisfacer sus necesidades de subsistencia.

Para entender la importancia del trabajo cabe aclarar que el trabajo cumple una doble función:

1. Individual: por un lado, el hombre tiene necesidades que satisfacer que las puede concretar por medio del trabajo, ya sea, para satisfacer necesidades materiales y de subsistencia (la única manera lícita de obtenerlas es con dinero y para ello tiene que trabajar) o inmateriales (fortalecerse espiritualmente, sentirse útil dentro del grupo familiar y de la sociedad, sentirse   activo…vivo).   Ante   estas   características, trabajar representa para el hombre un DERECHO FUNDAMENTAL, que debe ser respetado por sus semejantes y por todas las organizaciones y entidades que componen la sociedad y el Estado.
2. Social: por el otro lado, la sociedad en su conjunto depende del esfuerzo laboral de todos. Por ejemplo: sin trabajadores no hay fábricas y sin fábricas hay “pueblos fantasmas” y ciudades despobladas. Por lo que, trabajar no sólo es un derecho para el individuo, sino también un deber social.

Todo esto demuestra que el trabajo, en cuanto, prestación personal e inescindible de quien lo ejecuta, dignifica. Por lo que, no debe ser tratado como una mercancía. Es más, hace tiempo que esta idea es rechazada, como lo fue por la Doctrina Social de la Iglesia, a partir de la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en el año 1891.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió esa misma concepción en 1944, al adoptar la Declaración de Filadelfia, por medio de la Conferencia Internacional del Trabajo, donde definió los fines y objetivos de la OIT basándose en los siguientes principios:

• El trabajo no es una mercancía.
• La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante.
• La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.
• Todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual   en   condiciones   de   libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades.

Constitucionalismo Social

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Las primeras constituciones modernas surgieron bajo la influencia del liberalismo político y económico. Este modelo, conocido como constitucionalismo clásico, tenía como principal objetivo limitar el poder del Estado y garantizar las libertades individuales de los ciudadanos. Entre los derechos más importantes reconocidos por estas constituciones se encontraban la libertad, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la libertad contractual. Dentro de este esquema, el trabajo era considerado una simple mercancía y la relación entre empleador y trabajador era vista como un contrato celebrado libremente entre dos partes iguales. El Estado debía abstenerse de intervenir y permitir que las relaciones económicas se desarrollaran según las reglas del mercado.

Sin embargo, la realidad demostró que esa igualdad era meramente formal. Durante la Revolución Industrial millones de trabajadores se vieron obligados a aceptar jornadas excesivas, salarios insuficientes y condiciones laborales extremadamente precarias para garantizar su subsistencia. La libertad contractual existía en teoría, pero en la práctica el trabajador negociaba desde una posición de evidente inferioridad económica frente al empleador. Esta situación dio origen a la denominada cuestión social, es decir, al conjunto de problemas derivados de las profundas desigualdades generadas por el sistema económico de la época. La necesidad de brindar una protección jurídica especial a los trabajadores impulsó una transformación profunda en la manera de entender el papel del Estado y el contenido de las constituciones.

Como respuesta a la cuestión social surgió el constitucionalismo social, una corriente jurídica que propuso incorporar derechos económicos, sociales y culturales a los textos constitucionales. A diferencia del constitucionalismo clásico, que se concentraba principalmente en garantizar libertades individuales, el constitucionalismo social reconoció que la verdadera libertad requiere ciertas condiciones materiales mínimas. En consecuencia, el Estado dejó de asumir una posición meramente abstencionista para intervenir activamente en la protección de los sectores más vulnerables.

En materia laboral, esta nueva concepción partió de una idea fundamental: la relación entre empleador y trabajador no es una relación entre iguales. Por ello, el ordenamiento jurídico debe establecer mecanismos de protección que compensen esa desigualdad estructural. El constitucionalismo social transformó al trabajo en un valor jurídico especialmente protegido y sentó las bases sobre las cuales se desarrollaría posteriormente el Derecho del Trabajo moderno.

Derecho del Trabajo

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Al derecho del trabajo se lo puede definir como un sistema de normas jurídicas y principios, que, con un sentido social de justicia, regulan las relaciones laborales subordinadas.

El derecho del trabajo es una rama autónoma que nació del derecho privado y a lo largo de la historia se escindió de este. Como goza de autonomía, tiene leyes propias (si bien no tiene un código, las leyes están agrupadas en compendios), fuero laboral propio (la justicia nacional del trabajo), método de estudio propio (en las Universidades ya no se estudia junto con el derecho civil).

Fuentes del Derecho del Trabajo

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Las fuentes son las productoras directas de normas y reglas jurídicas. Se dividen en:

• FORMALES: Son los medios admitidos por el ordenamiento jurídico para la formulación de nuevas normas, es decir, son los canales por medio de los cuales se establecen las reglas destinadas a regular la convivencia.
• MATERIALES: Son los factores o elementos que contribuyen a fijar el contenido de la normativa jurídica, es decir, son lo que le da contenido a las creaciones de las fuentes formales.

El orden jerárquico en el derecho del trabajo es diferente al del resto del derecho por esta protección especial que tiene el trabajador, limitándose su autonomía de la voluntad, en forma concordante con los preceptos del principio protectorio.

Principios del Derecho del Trabajo

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Los principios son lineamientos para seguir. Si consideramos al derecho del trabajo como una disciplina jurídica especial, y siguiendo a Ronald Dworkin, los principios, serían directrices que orientan en general la disciplina y son el producto del valor social con vocación de permanencia y universalidad. Son enunciados básicos a seguir.

Los principios tienen 3 funciones específicas:

1. Informadora: inspiran al legislador como como fundamento del orden jurídico.
2. Normativa: integra el derecho actuando como fuente supletoria, llenando vacíos legales.
3. Interpretativa: actúa como criterio orientador del juez y los doctrinarios.

También hay diferentes posturas doctrinarias respecto a los principios, algunas muy conocidas:

• IUSNATURALISTAS, para quienes, los principios existen más allá de las normas y se deducen de la naturaleza de las personas y de las cosas.
• IUSPOSITIVISTAS, para quienes, los principios son deducibles del ordenamiento jurídico, por lo que, su contenido es condicionado por la concreta normativa de la cual se extraen.

Sujetos del Derecho del Trabajo

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Cuando se estudia el contrato de trabajo, la atención suele centrarse en dos sujetos principales: el trabajador y el empleador. Sin embargo, el Derecho del Trabajo posee un ámbito de aplicación mucho más amplio. Además de regular las relaciones individuales entre quienes prestan servicios y quienes los reciben, también contempla las relaciones colectivas, la intervención del Estado y la participación de organismos internacionales especializados en materia laboral.

Por esta razón, los sujetos del Derecho del Trabajo no se limitan únicamente a las partes del contrato de trabajo. El sistema laboral moderno involucra a una pluralidad de actores que cumplen funciones esenciales en la protección de los derechos laborales, la representación de intereses colectivos, la negociación de condiciones de trabajo y la elaboración de estándares nacionales e internacionales.

Desde esta perspectiva, es posible identificar distintos grupos de sujetos según el tipo de relación jurídica que mantienen dentro del mundo del trabajo. Algunos participan en las relaciones individuales de trabajo, otros actúan en el ámbito de las relaciones colectivas, mientras que determinados organismos estatales e internacionales desempeñan funciones de regulación, control y promoción de derechos laborales.

Orden Público Laboral

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En toda sociedad existen determinadas normas que el legislador considera esenciales para la protección de intereses superiores y que, por ese motivo, no pueden ser dejadas sin efecto por la voluntad de los particulares. Este conjunto de normas imperativas recibe el nombre de orden público.

En el ámbito del Derecho Privado, la regla general es la autonomía de la voluntad, que permite a las personas celebrar los acuerdos que consideren convenientes y establecer libremente su contenido. Sin embargo, esta libertad encuentra un límite cuando entran en juego normas de orden público. En tales casos, las partes no pueden pactar válidamente soluciones contrarias a lo dispuesto por la ley, aun cuando exista acuerdo entre ellas.

El Derecho del Trabajo constituye uno de los ámbitos en los que el orden público adquiere mayor relevancia. Ello se debe a que la relación laboral presenta una desigualdad estructural entre trabajador y empleador. Mientras el trabajador depende de su trabajo para obtener los recursos necesarios para su subsistencia, el empleador suele encontrarse en una posición económica y organizativa más favorable. Como consecuencia de esta situación, el legislador considera necesario establecer un conjunto de derechos mínimos inderogables destinados a proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral.

Por esta razón se afirma que las normas laborales poseen carácter imperativo. Las partes pueden acordar condiciones más favorables para el trabajador que las previstas por la ley, pero no pueden reducir, eliminar o restringir los derechos mínimos reconocidos por el ordenamiento jurídico. De este modo, el orden público laboral actúa como un verdadero piso de protección que garantiza determinadas condiciones básicas de trabajo.

La Ley de Contrato de Trabajo recepta este principio a través de diversas instituciones destinadas a asegurar la efectividad de los derechos laborales y a impedir que estos sean vulnerados mediante acuerdos privados o mecanismos fraudulentos. Entre las principales manifestaciones del orden público laboral se encuentran la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la nulidad y sustitución de cláusulas contractuales contrarias a normas imperativas, la sanción de los supuestos de fraude y simulación laboral y el control de validez de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios celebrados entre trabajador y empleador.

En las páginas siguientes analizaremos cada una de estas instituciones, que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la eficacia práctica de la protección que el ordenamiento jurídico laboral reconoce a los trabajadores.

Interpretación de la Ley Laboral

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La aplicación del Derecho no consiste únicamente en identificar una norma y aplicarla mecánicamente a un caso concreto. En numerosas oportunidades, las disposiciones legales pueden generar dudas acerca de su alcance, coexistir con otras normas potencialmente aplicables o incluso resultar insuficientes para resolver una determinada situación. En estos supuestos, resulta necesario recurrir a la interpretación jurídica.

Interpretar una norma implica determinar su verdadero sentido y alcance para aplicarla adecuadamente al caso concreto. Esta tarea adquiere una importancia especial en el Derecho del Trabajo, ya que se trata de una rama jurídica construida sobre la idea de protección del trabajador como parte más débil de la relación laboral. Por esta razón, la Ley de Contrato de Trabajo establece reglas específicas de interpretación que orientan la actuación de jueces, abogados, empleadores y trabajadores. Estas reglas se encuentran principalmente en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo y constituyen un verdadero sistema de interpretación laboral.

A través de estas disposiciones, el legislador procura asegurar que las dudas normativas, las situaciones ambiguas y las lagunas del ordenamiento jurídico sean resueltas de manera compatible con los principios fundamentales que inspiran al Derecho del Trabajo.

Medios Técnicos

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Los medios técnicos son los instrumentos eficaces, las herramientas que hacen que los principios sean aplicados a la realidad. Su finalidad es asegurar la libertad y evitar la arbitrariedad en la relación laboral.

Su clasificación es la siguiente:

• JURÍDICOS: son las normas, que limitan y regulan las relaciones laborales. Son las leyes, los convenios colectivos del trabajo, el límite de la autonomía de la voluntad, el orden público, general, laboral, etc. Por eso también los vemos en lugar de las reglas que hacen aplicables al principio protectorio, que para este lineamiento sería el único principio del derecho del trabajo, porque hace y fundamenta a la autonomía de la rama del derecho del trabajo. (este tema es el que van a encontrar más desarrollado en todos los textos, no así, el resto de los medios técnicos)
• COLECTIVOS: son las negociaciones entre los representantes sindicales con personería gremial y los empleadores. Es el actuar del dirigente gremial, él es el que se encuentra en el lugar de trabajo junto a sus compañeros y es el que tiene es respaldo y autoridad para poder controlar y proteger que se respeten los derechos del resto de los trabajadores. O por lo menos así debería ser.
• ADMINISTRATIVOS: es la facultad que tiene el Estado, a través de la policía del trabajo, es decir, los inspectores laborales, que verifican e inspeccionan las diversas empresas controlando que se respeten los derechos de los trabajadores, que se encuentren debidamente registrados, que se cumpla con la normativa y se sancione si no es así. Hay diferentes controles que provienen de diferentes organismos, desde lo impositivo, salubridad, higiene, seguridad, laboral, etc.
• JUDICIALES: es el sistema judicial, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Es el poder-deber del Estado, que se ejerce a través del magistrado, que es el encargado de dirimir las controversias y aplicar la norma en el caso concreto, respetando los principios laborales.
• INTERNACIONALES: son las normas internacionales del trabajo, dictadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La que se ocupa de homogeneizar del derecho del trabajo mundial, estableciendo normas mínimas que todos los Estados miembros tienen que cumplir.

Ámbito de aplicación de la LCT

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La Ley de Contrato de Trabajo constituye la norma central del Derecho Individual del Trabajo. Sin embargo, ello no significa que resulte aplicable a toda prestación de servicios o a toda persona que desarrolla una actividad laboral. Antes de analizar el contrato de trabajo y los derechos y obligaciones que nacen de él, es necesario responder una pregunta fundamental: ¿cuándo resulta aplicable la Ley de Contrato de Trabajo? La respuesta no siempre es sencilla. No toda persona que presta servicios se encuentra alcanzada por la LCT, ni toda actividad laboral se rige por sus disposiciones. Del mismo modo, pueden existir situaciones en las que la prestación se desarrolla en distintos países o en las que una reforma legislativa modifica el régimen jurídico durante la vigencia de la relación laboral.

Por esta razón, toda ley posee un ámbito de aplicación que determina los supuestos en los cuales sus disposiciones resultan obligatorias. En el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, este análisis exige considerar cuatro aspectos fundamentales: quiénes se encuentran alcanzados por la ley, dónde debe ejecutarse la prestación laboral, qué tipo de actividad queda comprendida dentro de su regulación y qué normas resultan aplicables cuando se producen modificaciones legislativas durante el desarrollo de la relación laboral.

Los artículos 2, 3 y 4 de la LCT permiten delimitar estos ámbitos de aplicación y constituyen el punto de partida para comprender el alcance del régimen laboral. Su estudio resulta esencial, ya que antes de determinar cuáles son los derechos de un trabajador o las obligaciones de un empleador, es necesario verificar si la situación concreta se encuentra efectivamente sometida a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

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