Teoría del Delito

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La teoría del delito constituye uno de los pilares fundamentales de la dogmática penal, siendo el núcleo del análisis del derecho penal en cualquier sistema jurídico moderno, incluido el argentino. Su estudio permite estructurar de manera lógica y racional la resolución de los casos penales, garantizando soluciones predecibles y evitando la arbitrariedad en la aplicación de la ley penal.

La teoría del delito es un conjunto de conceptos lógicos y sistemáticos que permite determinar si una conducta humana puede ser considerada delictiva y, por ende, merecedora de una sanción penal. Su propósito principal es resolver los casos penales de manera racional, predecible y equitativa, asegurando que casos idénticos reciban soluciones similares, independientemente del juez o tribunal que los analice. Como señala la doctrina, esta teoría busca evitar la arbitrariedad en la resolución judicial, un objetivo que trasciende el ámbito técnico y se vincula con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

En el derecho penal argentino, la teoría del delito no solo sirve para identificar la existencia de un ilícito, sino también para delimitar el ámbito de intervención del poder punitivo del Estado, garantizando que las sanciones se impongan únicamente cuando se cumplan todos los requisitos establecidos por la dogmática penal. Por ejemplo, permite analizar casos como el de un conductor que, por exceso de velocidad, causa la muerte de un ciclista, o el de una persona que no presta auxilio a alguien que se está ahogando, determinando si estas conductas cumplen con los elementos necesarios para ser consideradas delictivas.

ESTRUCTURA DE LA TEORÍA DEL DELITO

La teoría del delito se define como una teoría estratificada, lo que significa que el análisis de una conducta para determinar si constituye un delito debe realizarse paso a paso, en un orden secuencial. Este esquema se basa en la identificación de cuatro elementos esenciales que deben concurrir para que exista un delito: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La ausencia de cualquiera de estos elementos excluye la existencia del delito, aunque las consecuencias prácticas de esta exclusión varían según el elemento que falte.

1. Conducta: Es el primer estrato y el punto de partida del análisis. Sin una conducta humana, no puede iniciarse el estudio de los demás elementos. Solo si se verifica la existencia de una conducta se pasa al análisis de la tipicidad.
2. Tipicidad: Si la conducta existe, se examina si se adecúa a una figura delictiva prevista en la ley penal (por ejemplo, homicidio, hurto). Solo una conducta típica permite avanzar al estrato de la antijuridicidad.
3. Antijuridicidad: Una conducta típica debe ser contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto. Si existen causas de justificación, como la legítima defensa, la conducta no será antijurídica y, por ende, no habrá delito.
4. Culpabilidad: Finalmente, se analiza si la conducta típica y antijurídica es reprochable al autor, es decir, si este tuvo la capacidad de comprender la ilicitud de su acto y de actuar conforme a la norma. La ausencia de culpabilidad excluye el delito, aunque puede haber otras consecuencias, como medidas de seguridad para inimputables.

Este orden estratificado no es arbitrario, sino que responde a una lógica que vincula los elementos del delito con los principios constitucionales, como el de legalidad y culpabilidad, garantizando un análisis riguroso y coherente.

EL BIEN JURÍDICO

El bien jurídico es un valor determinado por la constitución que debe ser protegido. El contenido del derecho penal está limitado a la protección de bienes jurídicos previamente dados, como por ejemplo la vida, la libertad, la propiedad, etc. En los años treinta, los partidarios del nacional socialismo desecharon el concepto de bien jurídico, por ser liberal. En lugar de este se partió del delito como lesión del deber. Según ello, el derecho penal, no debería servir a la protección de bienes jurídicos, sino a proteger los valores comunes en el sentido del entonces llamado “sano sentimiento del pueblo”.

LA CONDUCTA

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La conducta constituye el primer elemento de la teoría del delito y el punto de partida para determinar la existencia de un ilícito penal. En el derecho penal argentino, el delito se define como una conducta típica, antijurídica y culpable, siendo la conducta el sustantivo al que se aplican los adjetivos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

La conducta, en el marco de la teoría del delito, se define como un comportamiento humano exterior, evitable y voluntario que produce un cambio en el mundo exterior. Este concepto abarca tanto los actos positivos (acción) como los negativos (omisión), siempre que impliquen un mínimo de intervención psíquica, es decir, conciencia y voluntad del sujeto. La conducta es el sustrato básico del delito, ya que sin ella no es posible analizar los demás elementos de la teoría del delito. Su carácter evitable implica que el sujeto tuvo la posibilidad de actuar de manera distinta, lo que lo hace susceptible de reproche penal.

SUPUESTOS NEGATIVOS DE LA CONDUCTA

La existencia de una conducta requiere que el comportamiento sea voluntario y evitable, lo que implica la presencia de un mínimo de control psíquico. La dogmática penal identifica tres supuestos que excluyen la conducta, ya que en estos casos no se cumple con los requisitos mínimos de intervención psíquica:

1. Estado de inconsciencia: Se produce cuando el sujeto carece de conciencia del mundo exterior, como en el caso de un sueño profundo, un coma alcohólico o un estado de inconsciencia patológico. Por ejemplo, una persona que, mientras duerme, aplasta a un bebé y le causa la muerte no realiza una conducta en el sentido técnico, ya que actúa en un estado de inconsciencia. Este supuesto está contemplado en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal argentino, que excluye la punibilidad de quien, por su estado de inconsciencia, no puede comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones.
2. Fuerza física irresistible: Ocurre cuando el sujeto es impulsado por una fuerza externa que no puede controlar, actuando como una “masa mecánica”. Un ejemplo clásico es el de una persona empujada por una avalancha humana que, al caer, lesiona a otra. En este caso, no hay conducta, ya que el movimiento no es voluntario. Este supuesto también está regulado en el artículo 34, inciso 2 del Código Penal, que excluye la punibilidad de quien obra violentado por fuerza física irresistible.
3. Actos reflejos: Se refieren a movimientos corporales automáticos que no involucran un control consciente, como el movimiento instintivo del brazo al quemarse con agua hirviendo, que podría causar una lesión a otra persona. Estos actos, al carecer de intervención psíquica, no constituyen conducta en el sentido de la teoría del delito. Aunque algunos autores, como Zaffaroni, los agrupan con la fuerza física irresistible bajo el concepto de “involuntariedad”, otros, como Bacigalupo, los consideran un supuesto distinto. En el Código Penal argentino, los actos reflejos también se encuadran en el artículo 34, inciso 2. Es decir, que se trata de casos en que el propio organismo reacciona frente a una situación determinada, pero en los que no hay ninguna intervención de la voluntad del autor. Por lo tanto, son movimientos que no pueden ser evitados ni controlados por el sujeto. Dentro del grupo genérico de movimientos o reacciones automatizadas, generalmente se incluyen tres situaciones:
   • Los movimientos instintivos de defensa, que son situaciones en las que el sujeto reacciona automáticamente frente a una agresión extraña.
   • Las llamadas acciones pasionales de corto circuito, es decir, supuestos en los que el autor tiene una reacción impensada que se origina en un estado de fuerte emoción o pasión en el que puede hallarse afectada la conciencia. Generalmente se trata de reacciones absolutamente desproporcionadas donde el sujeto actúa impulsivamente sin ninguna reflexión.
   • Los movimientos semiautomáticos, que son acciones que se realizan habitualmente y en forma reiterada, a tal punto que esa forma de reiteración y su constante practica permite que se los lleve a cabo automáticamente, sin necesidad de ser pensados. Por ejemplo, la conducción de automotores.

LA TIPICIDAD

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La tipicidad es el segundo estrato de la teoría del delito y representa un paso crucial en el análisis para determinar si una conducta humana constituye un ilícito penal. Tras verificar la existencia de una conducta, el siguiente paso consiste en examinar si esta es típica, es decir, si se adecua a un tipo penal previsto en la ley. La tipicidad es la característica de una conducta que consiste en su correspondencia con un tipo penal, entendido como el supuesto de hecho descripto en la ley penal que define una conducta prohibida y su respectiva sanción. El término “tipo penal” proviene del alemán Tatbestand (supuesto de hecho) y se refiere al conjunto de elementos que configuran un delito específico, como el homicidio, la estafa o el robo. Para que una conducta sea típica, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el tipo penal correspondiente; de lo contrario, será considerada atípica y, por ende, no delictiva.

La tipicidad cumple una función esencial en el derecho penal argentino, que se caracteriza por ser un sistema fragmentario. Esto significa que no todas las conductas humanas son delictivas, sino solo aquellas seleccionadas por el legislador como contrarias a los bienes jurídicos protegidos. Además, las figuras penales están separadas entre sí, sin superposiciones significativas, lo que exige un análisis preciso para determinar si una conducta encuadra en un tipo penal específico. Por ejemplo, si una conducta no reúne los requisitos de la estafa, se analizará si encuadra en el hurto o el robo, pero cada tipo penal tiene elementos propios que deben verificarse rigurosamente.

Esta exigencia de correspondencia entre la conducta y el tipo penal es una manifestación del principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que requiere que las conductas delictivas y sus sanciones estén previstas con antelación en la ley. La tipicidad, por tanto, actúa como un filtro que delimita el ámbito de intervención del derecho penal, garantizando que solo las conductas prohibidas sean punibles.

TIPO OBJETIVO Y TIPO SUBJETIVO

En la teoría del delito moderna, la tipicidad se divide en dos aspectos fundamentales: la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Esta separación lógica permite un análisis sistemático de los elementos que configuran el delito, asegurando una comprensión clara de su funcionamiento.

Tipicidad Objetiva

La tipicidad objetiva abarca todos los elementos del tipo penal que se relacionan con la realidad externa, es decir, con los hechos verificables en el mundo físico. En el caso del homicidio simple (“El que matare a otro”, artículo 79), los elementos objetivos incluyen:

1. Acción: Una conducta humana activa, como disparar un arma, apuñalar o golpear.
2. Resultado típico: La muerte de una persona, que es el resultado previsto en el tipo penal.
3. Relación de causalidad: Un vínculo físico entre la acción y el resultado, que demuestra que la conducta del autor causó la muerte.
4. Imputación objetiva: Un vínculo normativo que evalúa si la acción y el resultado son los que el derecho penal busca sancionar, considerando criterios jurídicos y sociales.

Estos elementos forman un “inventario” que debe verificarse en cada caso concreto para determinar si la conducta es objetivamente típica. En los delitos de pura actividad, como la injuria (artículo 109) o la portación de arma de fuego sin autorización (artículo 189 bis), la tipicidad objetiva es más sencilla, ya que no requiere un resultado. Basta con comprobar la realización de la conducta prohibida, como pronunciar palabras deshonrosas o portar un arma. En cambio, en los delitos de resultado, como el homicidio o las lesiones, la complejidad radica en establecer la relación de causalidad y la imputación objetiva, temas que se desarrollan más adelante.

Tipicidad Subjetiva

La tipicidad subjetiva se refiere a los elementos relacionados con el estado mental del autor al realizar la conducta. En el tipo activo doloso, el elemento subjetivo principal es el dolo, que implica el conocimiento y la voluntad del autor de realizar la conducta típica y producir el resultado previsto. En el homicidio doloso, por ejemplo, el dolo requiere que el autor sepa que está matando a otra persona y quiera hacerlo. Este conocimiento debe abarcar todos los elementos objetivos del tipo penal, aunque, en el caso de elementos normativos (como el concepto de “cheque” en el delito de cheques sin fondos), basta con un conocimiento paralelo en la esfera del lego, es decir, una comprensión general propia de una persona sin formación jurídica.

La tipicidad subjetiva distingue los delitos dolosos de los culposos, ya que en estos últimos no hay intención, sino imprudencia o negligencia. La presencia del dolo es esencial para que la conducta sea típica en un delito doloso, y su ausencia puede llevar a considerar la conducta atípica o a analizarla bajo otra figura penal, como el homicidio culposo (artículo 84).

DELITOS DE OMISIÓN

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Los delitos de omisión constituyen una categoría esencial en la teoría del delito, caracterizados por la no realización de una acción mandada que resulta en la afectación de un bien jurídico protegido. Al igual que los delitos activos, los omisivos se dividen en dolosos y culposos, pero presentan una distinción adicional entre omisiones propias y omisiones impropias, generando cuatro modalidades: omisiones propias dolosas, omisiones propias culposas, omisiones impropias dolosas y omisiones impropias culposas. La distinción entre acción y omisión es crucial para evitar errores en el análisis de la tipicidad, respetando los principios de legalidad y culpabilidad.

Los delitos de omisión se clasifican según dos criterios:

• Por la intención del autor:
  • Dolosos: El autor conoce y quiere o acepta el resultado.
  • Culposos: El resultado se produce por imprudencia o negligencia.
• Por la naturaleza de la omisión:
  • Omisiones propias (o puras): La conducta típica consiste en no realizar una acción mandada ante una situación de peligro, sin exigir un resultado. Ejemplo: el delito de omisión de auxilio (artículo 108 del Código Penal argentino).
  • Omisiones impropias (o comisiones por omisión): Requieren un resultado típico y una relación normativa entre la omisión y dicho resultado, imputable al autor por su posición de garante. Ejemplo: homicidio por omisión (artículo 79).

LA TEORÍA DEL ACTIO LIBERA IN CAUSA

Un aspecto crucial en el análisis de la conducta es la teoría del actio libera in causa (acción libre en la causa), que aborda los casos en los que, al momento de producirse el resultado, el sujeto se encuentra en un estado que excluye la conducta (por ejemplo, inconsciencia), pero este estado fue causado por una acción previa voluntaria. Esta teoría permite analizar si el sujeto es responsable penalmente por una conducta anterior que dio lugar al resultado dañoso.

Por ejemplo, en el caso del conductor que se duerme al volante y causa un accidente mortal, el momento del resultado (el accidente) se produce en un estado de inconsciencia, lo que excluiría la conducta. Sin embargo, si el conductor continuó manejando a pesar de estar consciente de su cansancio, la responsabilidad penal puede basarse en esa conducta previa, que cumple con los requisitos de la teoría del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). Lo mismo aplica al guardabarrera que se duerme y no baja la barrera, si tuvo la oportunidad de evitar ese estado de inconsciencia.

La aplicación de la teoría del actio libera in causa es controvertida, ya que algunos autores consideran que implica combinar elementos del delito de momentos distintos, lo que podría vulnerar la coherencia de la teoría del delito. Sin embargo, la doctrina mayoritaria en Argentina acepta su utilidad para atribuir responsabilidad penal en casos donde el sujeto, en un momento previo, tuvo la posibilidad de evitar el resultado dañoso.

TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

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La teoría de la imputación objetiva se desarrolla como un criterio normativo en el derecho penal para determinar cuándo un resultado típico, como la muerte o una lesión, puede atribuirse jurídicamente a una acción humana en los delitos de resultado. A diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que establece un vínculo causal físico, la imputación objetiva evalúa la relevancia jurídica de esa relación, considerando la finalidad protectora de la norma penal.

La imputación objetiva surge como respuesta a las limitaciones de la teoría de la equivalencia de las condiciones, particularmente su extensión ilimitada, que considera causal cualquier condición necesaria para el resultado, incluyendo conductas irrelevantes como la venta legal de un arma o el nacimiento del autor. Esta teoría normativa busca precisar qué conductas humanas son las que el tipo penal, como el homicidio (artículo 79) o las lesiones (artículo 89), pretende sancionar. No basta con causar un resultado; la conducta debe ser normativamente imputable.

EL DELITO DOLOSO

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El dolo es el pilar del tipo subjetivo en los delitos dolosos, pero su definición no está expresamente regulada en el Código Penal argentino de 1921, lo que ha dejado su elaboración a la dogmática penal. Algunos autores han intentado inferir un concepto de dolo a partir de normas como el artículo 34, inciso 1 (que regula el error de hecho) o el artículo 42 (que define la tentativa), pero estas disposiciones no adoptan explícitamente una postura. La falta de definición legal es coherente con la evolución de la ciencia penal, que permite adaptar el concepto a los avances teóricos.

En un esquema moderno, el dolo se distingue del concepto causalista de dolo malus, que incluía el conocimiento de la antijuridicidad y se analizaba en la culpabilidad. Actualmente, se adopta el dolo natural, limitado al conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, mientras que la antijuridicidad se evalúa en la culpabilidad. El contenido del dolo varía según el tipo penal: el dolo en un homicidio (artículo 79) implica conocer que la conducta causará la muerte, mientras que en una estafa (artículo 172) requiere saber que se induce a error para obtener un provecho ilícito.

Dos teorías principales definen el dolo:

1. Teoría de la representación (o del conocimiento): Sostiene que el dolo se configura con el elemento cognoscitivo, es decir, el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Basta con que el autor se represente el resultado típico como probable o posible.
2. Teoría de la voluntad: Exige, además del conocimiento, un elemento volitivo, es decir, la voluntad de realizar el resultado típico. El autor debe querer o aceptar el resultado.

La diferencia radica en el elemento volitivo. Para la teoría de la representación, el conocimiento de la probabilidad del resultado es suficiente; para la teoría de la voluntad, se requiere una aceptación activa del resultado. Esta distinción es particularmente relevante en el dolo eventual, como se verá más adelante.

CLASES DE DOLO

La dogmática penal reconoce tres clases de dolo, aceptadas tanto por los partidarios de la teoría de la representación como de la voluntad: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Todas configuran tipicidad subjetiva y habilitan la sanción penal, pero difieren en la relación del autor con el resultado.

• Dolo directo (o de primer grado): El autor conoce y quiere directamente el resultado típico. Por ejemplo, A dispara a B en órganos vitales con la intención de matarlo. La representación y la voluntad están orientadas al resultado, que es el objetivo principal de la conducta.
• Dolo indirecto (o de segundo grado, de consecuencias necesarias): El autor conoce que su acción producirá un resultado típico, aunque no sea su objetivo principal, pero lo acepta como consecuencia necesaria. Por ejemplo, A coloca una bomba en el auto de X para matarlo, sabiendo que también morirá el chofer. Aunque la muerte del chofer no es el fin buscado, A la acepta como inevitable.
• Dolo eventual: El autor no busca el resultado ni lo considera inevitable, pero se representa su posible o probable ocurrencia y lo acepta. Es la forma más controvertida, ya que aquí se intensifica la discusión entre las teorías de la representación y la voluntad:
  • Teoría de la representación: El dolo eventual se configura si el autor conoce la posibilidad de producir el resultado típico, aunque no lo desee ni lo acepte activamente. Basta con que se represente el resultado como “no improbable”.
  • Teoría de la voluntad: Exige, además del conocimiento, una aceptación del resultado. El autor debe asumir conscientemente que el resultado puede ocurrir y proceder a pesar de ello.

La distinción entre dolo eventual y culpa consciente (o con representación) es crucial. En la culpa consciente, el autor se representa la posibilidad del resultado, pero confía en que no ocurrirá, actuando con imprudencia. La teoría de la representación enfrenta mayores dificultades para diferenciar ambas figuras, ya que el límite depende del grado de probabilidad percibida, mientras que la teoría de la voluntad lo establece en la aceptación activa del resultado.

EL DELITO CULPOSO

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El delito culposo representa una modalidad excepcional de tipicidad en el derecho penal, caracterizada por la producción no intencional de un resultado típico debido a una conducta imprudente o negligente. A diferencia del delito doloso, donde el autor busca o acepta el resultado, en el delito culposo este se genera por una falta de cuidado debido, sin voluntad de producirlo.

El Código Penal argentino adopta un sistema de numerus clausus para los delitos culposos, lo que implica que solo se sancionan en su modalidad culposa cuando están expresamente previstos en la parte especial. En Argentina, el principio de legalidad (artículo 18 de la Constitución Nacional) limita los delitos culposos a figuras específicas, como el homicidio culposo (artículo 84) o las lesiones culposas (artículo 94), excluyendo, por ejemplo, el aborto o el abandono de personas en modalidad culposa.

ELEMENTOS DEL TIPO CULPOSO

La estructura del tipo culposo es análoga a la del tipo doloso en su aspecto objetivo, pero difiere en el subjetivo, porque a diferencia del dolo, la culpa se caracteriza por la ausencia de intención de producir el resultado. El autor actúa con una falta de diligencia que una persona prudente habría evitado, incurriendo en un error de tipo vencible. Este error implica desconocer un elemento objetivo del tipo penal (por ejemplo, no prever que una conducta causará la muerte), pero ese desconocimiento es evitable con el cuidado debido.

ERROR DE TIPO

El error de tipo se produce cuando el autor, al realizar la conducta, desconoce o tiene una falsa representación de uno o más elementos objetivos del tipo penal, como la acción, el resultado, la relación de causalidad o la imputación objetiva. Por ejemplo, en un homicidio (artículo 79 del Código Penal argentino), el autor puede ignorar que su acción causará la muerte; en una estafa (artículo 172), puede no saber que induce a error. Este error excluye el dolo, entendido como la representación (o, según la teoría de la voluntad, la representación y voluntad) de los elementos objetivos del tipo penal, impidiendo la imputación de la figura dolosa. En el error de tipo hay una causa que excluye la tipicidad.

El error de tipo se clasifica en dos categorías según su evitabilidad:

• Error invencible: Es inevitable, incluso para una persona medianamente prudente que adopte los recaudos razonables en las circunstancias del caso. Por ejemplo, si A dispara a un muñeco en un campo de tiro, ignorando que es una persona debido a condiciones de visibilidad extremas, el error es invencible. Consecuencia: Excluye tanto el dolo como la culpa, haciendo la conducta atípica, ya que no hay representación ni imprudencia. Esta solución está implícita en el artículo 34, inciso 1º, que regula el error de hecho no imputable al autor, interpretado como un error invencible.
• Error vencible: Es evitable por una persona prudente que actúe con el cuidado debido. Por ejemplo, si A dispara a una silueta en un bosque sin verificar si es una persona, el error es vencible, ya que un sujeto diligente habría tomado precauciones. Consecuencia: Excluye el dolo, pero permite imputar la figura culposa, siempre que esté prevista en el Código Penal (sistema de numerus clausus). Por ejemplo, en el homicidio culposo (artículo 84) o las lesiones culposas (artículo 94), pero no en delitos como el robo (artículo 164) o la estafa (artículo 172), que carecen de modalidad culposa.

La distinción entre error vencible e invencible requiere comparar la conducta del autor con la de un “hombre prudente”, un estándar objetivo que evalúa los recaudos esperables en el contexto. Esta comparación garantiza que la imputación culposa respete el principio de culpabilidad (artículo 19 de la Constitución Nacional).

LA TENTATIVA

La tentativa, regulada en los artículos 42 a 44 del Código Penal argentino, constituye una forma punible del delito doloso que no alcanza la consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. A diferencia del delito consumado, la tentativa plantea complejos debates dogmáticos sobre su fundamentación, estructura, requisitos y consecuencias penales.

La tentativa es el intento de cometer un delito doloso que no se consuma por factores externos al autor, a pesar de haber iniciado su ejecución. En el derecho penal argentino, se sanciona tanto el delito consumado como la tentativa, reflejando una decisión de política criminal que amplía la intervención punitiva para proteger bienes jurídicos frente a conductas peligrosas. El iter criminis (camino del delito) comprende cuatro etapas: ideación, preparación, ejecución y consumación. Solo las etapas de ejecución y consumación son punibles, ya que la ideación y preparación son impunes conforme al principio cogitationis poenam nemo patitur (los pensamientos no se castigan). Por ejemplo, comprar veneno para matar a alguien es un acto preparatorio impune, mientras que administrarlo marca el inicio de la ejecución.

El artículo 42 define la tentativa: “El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”. El artículo 44 establece una pena reducida de un tercio a la mitad respecto al delito consumado, salvo en excepciones como el contrabando, donde la tentativa y el delito consumado tienen la misma pena (Código Aduanero). Esta reducción refleja una valoración menor del injusto en la tentativa, aunque su punición y escala penal han generado intensos debates dogmáticos.

ANTIJURIDICIDAD

La teoría de la antijuridicidad tiene por objeto establecer en qué casos una acción típica es conforme a derecho. Por eso se dice que es una teoría de autorizaciones de un comportamiento típico. El primer requisito de la antijuridicidad penal es la tipicidad penal. Un hecho es penalmente típico cuando se halla previsto en la ley como constitutivo de una especie o figura (tipo) de delito, como el asesinato, el robo, la estafa, etc. El segundo requisito de la antijuridicidad penal es la ausencia de causas de justificación. El hecho de realizar un tipo penal no es antijurídico cuando se efectúa bajo el amparo de una causa de justificación.

LEGÍTIMA DEFENSA

Es una causa de justificación, por ello aquel que actúa en legítima defensa, actúa de manera legítima, por lo tanto, se excluye la antijuridicidad. Desde la perspectiva del individuo, la legitima defensa es un derecho fundamental destinado a la autoprotección y autodeterminación frente a agresiones antijurídicas de terceros. El sujeto en ejercicio de ese derecho busca protegerse frente a agresiones de terceros.

Desde el punto de vista estatal es una defensa sustitutiva que busca la confirmación del derecho. Es un medio necesario para el mantenimiento de un orden social estable, que descansa en la agresión ilegitima. Aquel que actúa en legítima defensa esta exceptuado de pena y de responsabilidad civil. No depende de una ponderación de intereses, sino que lo determinante es la intensidad de la agresión o la peligrosidad.

ELEMENTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA

1. Agresión ilegítima;
2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla;
3. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

No puede haber legítima defensa contra legítima defensa, porque si el que se defiende provocó, el que se defiende realizó una agresión ilegitima.

ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE

Al estado de necesidad justificante le pertenece la idea fundamental de que existe para un bien jurídico un peligro real presente y por el cual es permitido afectar a otro bien jurídico, cuando el peligro no pueda evitarse de otra manera, y que el interés que sea protegido predomine por sobre el que es afectado. El estado de necesidad se identifica con sacrificar un bien menor para salvaguardar un bien mayor. Se fundamenta en la ponderación de bienes jurídicos. La autonomía de la persona es un elemento muy importante y regula la ponderación de bienes.

Se trata de la salvación del bien más valioso utilizando para ello un bien menos valioso. El límite es la autonomía ética de las personas. Se trata de un conflicto de intereses y si los intereses son iguales, se estará en el campo de la culpabilidad, pero si los intereses no son iguales, se estará en el campo de la justificación. Cuando de la ponderación de bienes resulta que ambos bienes tienen el mismo valor, el estado de necesidad es “disculpante”.

COLISIÓN DE DEBERES

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La colisión de deberes se define como el conflicto que surge cuando un sujeto, destinatario de normas jurídicas, se encuentra ante la imposibilidad de cumplir simultáneamente con dos o más obligaciones de acción impuestas por el ordenamiento jurídico. En estas circunstancias, el cumplimiento de un deber implica necesariamente la infracción de otro, lo que genera una tensión entre las exigencias normativas. Este conflicto no debe confundirse con una colisión de bienes jurídicos, propia del estado de necesidad, ni con un conflicto de intereses subjetivos, ya que los deberes en colisión deben derivar de normas objetivas y vinculantes, como disposiciones legales, contratos, o relaciones de garantía.

En términos dogmáticos, la colisión de deberes se configura principalmente como una causa de justificación, lo que implica que la conducta del sujeto, aunque pueda encuadrar formalmente en un tipo penal, se considera lícita al estar amparada por el ordenamiento jurídico. En el caso de la colisión de deberes, esta justificación se fundamenta en la imposibilidad material o jurídica de cumplir con todas las obligaciones en conflicto, lo que lleva al derecho a reconocer la licitud de la elección del sujeto, siempre que cumpla con ciertos requisitos.

OBEDIENCIA DEBIDA

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La obediencia debida constituye una de las figuras jurídicas más complejas y debatidas, dado que implica un equilibrio entre la jerarquía funcional propia de ciertas instituciones —como las fuerzas armadas, la policía o la administración pública— y los principios fundamentales de un Estado de Derecho, donde nadie está exento de responsabilidad por actos ilícitos. La obediencia debida, como causa de justificación, exime de responsabilidad penal al subordinado que actúa cumpliendo una orden legítima de un superior jerárquico, siempre que se cumplan ciertos requisitos estrictos. Sin embargo, esta figura no puede ser interpretada como una autorización para ejecutar órdenes manifiestamente ilícitas, ya que ello contravendría los pilares éticos y jurídicos del ordenamiento penal.

La obediencia debida se define como la actuación de un subordinado que cumple una orden impartida por un superior jerárquico, en el marco de una relación de sujeción funcional, y que, por cumplir con ciertos requisitos, queda amparada por una causa de justificación. Esto significa que, aunque el acto ejecutado pueda encajar formalmente en un tipo penal, la presencia de esta causa elimina la antijuridicidad, eximiendo al subordinado de responsabilidad penal.

El fundamento de la obediencia debida radica en la necesidad de garantizar el funcionamiento eficiente y ordenado de instituciones jerárquicas, como las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad o la administración pública. En estos contextos, la disciplina y el cumplimiento de órdenes son esenciales para cumplir objetivos de interés general, como la seguridad pública, la defensa nacional o la ejecución de decisiones judiciales. Sin embargo, este fundamento no es absoluto, ya que el Estado de Derecho impone límites claros: ninguna orden puede justificar la comisión de actos manifiestamente ilícitos, especialmente aquellos que vulneren derechos fundamentales o constituyan crímenes graves, como torturas, ejecuciones extrajudiciales o genocidios.

EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

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El exceso en las causas de justificación, regulado en el artículo 35 del Código Penal argentino, aborda los casos en que el autor actúa bajo una causa de justificación, pero excede los límites establecidos por la ley, la autoridad o la necesidad, incurriendo en una conducta penalmente relevante. El exceso en las causas de justificación ocurre cuando el autor actúa amparado por una causa de justificación (como la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber), pero sobrepasa los requisitos objetivos o subjetivos de dicha causa, configurando una conducta antijurídica. El contenido del artículo 35 implica que, aunque el autor actúe con dolo, la pena se reduce a la correspondiente al delito culposo, siempre que este esté previsto en el Código Penal.

CULPABILIDAD

Una acción típica y antijurídica sólo es culpable si le puede ser imputada al sujeto en concreto, en la situación concreta en que se hallaba, que hubiera obrado en contra de las exigencias del ordenamiento jurídico. La culpabilidad del autor, entendida como reproche por haber actuado en contra de la norma, pudiendo conocerla, es un peldaño de la teoría del delito o lo que se ha dado en llamar la imputación de segundo grado, en cuanto conocimiento de la antijuridicidad.

Quien habla de la culpabilidad, necesariamente, habla del hombre y de su libertad. Si se intenta llegar al punto central de la culpabilidad, entonces se debe hablar de la relación existente entre este hombre libre y un orden normativo. Esta relación exige que ese orden, que en parte ha sido creado por él, debe ser comprendido a los efectos que pueda actuar de acuerdo a los mandatos y prohibiciones. Entonces de lo que se trata es de la posibilidad de comprensión del orden jurídico y de actuar conforme a ese orden. Sin esa comprensión del orden normativo es imposible, en el caso concreto, reprocharle al sujeto su conducta. Luego en la culpabilidad, el sujeto debe actuar sabiendo que lo hace en contra del orden normativo. De modo que cuando el sujeto actúa en base a sus deseos egoístas, incumpliendo el deber normativo, se le deberá hacer el reproche. Para ello se debe afirmar que libertad y comprensión de la antijuridicidad son elementos esenciales de la culpabilidad.

Los dos elementos de la culpabilidad son:

1. La posibilidad de la conciencia del injusto, que es el elemento intelectual de la culpabilidad;
2. La posibilidad de actuar en la medida de esa conciencia, que es el elemento volitivo de la culpabilidad.

CAPACIDAD DE CULPABILIDAD

El tema de la capacidad de culpabilidad, como causa de exclusión de la culpabilidad, tiene que ver con la comprensión de la criminalidad del acto, del injusto, por parte del autor y, en consecuencia, con la posibilidad de motivación en la norma. De esta forma, la cuestión se relaciona con el error de prohibición, en cuanto ahora, por razones biopsiquiatricas-psicologicas, el autor no puede motivarse en la norma simplemente porque no la conoce, y si la conoce, esas causales le impiden actuar conforme a aquella, lo que sería el elemento intelectual de la culpabilidad.

Entonces el termino capacidad de culpabilidad o de imputación significa un requisito sistemático como condición previa de la culpabilidad. En este sentido, la capacidad de la que se habla se refiere a la formación de la voluntad y no a la libertad externa del hombre. Culpable es quien puede comprender lo injusto de su acción, y puede actuar conforme esta comprensión de lo injusto. La capacidad de culpabilidad conforma la primera parte de la culpabilidad, en el sentido de la posibilidad de comprensión de la norma y de poder motivarse en ella. Se trata de una cuestión casi básica de acuerdo a lo antes explicitado.

ESTADO DE NECESIDAD DISCULPANTE

Elimina la culpabilidad por existir una circunstancia excepcional que impide exigirle al autor otra conducta diferente, es decir, una conducta conforme a Derecho. Cuando el autor realice una acción típica y antijurídica para apartar de si, o de una persona cercana a él, un peligro que amenace algún bien jurídico fundamental, como la vida, la integridad corporal o la libertad, entendida esta en una acepción amplia que incluye la sexual.

ERROR DE PROHIBICIÓN

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El defecto en el conocimiento puede llevar a una persona a ser exonerada de la responsabilidad frente a la acción que realizo. Como consecuencia de aceptar que todo ser humano tiene una facultad intelectiva y una facultad volitiva.

El autor de una acción típica y antijurídica cae en error de prohibición cuando le falta la conciencia de la antijuridicidad material de la conducta realizada. El error de prohibición es la falta de conocimiento de la antijuridicidad del acto o la falta de conocimiento del ilícito. El sujeto no sabe que su actuación no está permitida. En el error de prohibición el autor se equivoca sobre la prohibición específica del tipo penal.

AUTORÍA

El problema que se presenta en materia de autoría es determinar frente a un hecho delictivo en el cual han participado varias personas quien de ellos ha sido el autor y quienes los partícipes. Autor es el sujeto a quien se le puede imputar el hecho como suyo, aquel que lo realiza y del que puede decirse que ese hecho le pertenece en su generalidad.

Autor es quien realiza el hecho, comprendiendo con esta palabra, tanto a la acción como a la omisión. Autor es quien agrede ilegítimamente a otro. Autor es quien comete el delito por sí mismo poniendo el concreto proceso de realización de la lesión típica, o de ser varias personas, aquel que, en el proceso de atribución a un sujeto libre, sobre un curso de conductas objetivas, tiene el dominio del hecho.

PARTICIPACIÓN CRIMINAL

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La punibilidad no está limitada solamente a quien tiene el dominio del hecho, sino también a aquellos que han ayudado o colaborado con el autor. La participación se caracteriza desde un aspecto negativo. Participe es aquel que no tiene dominio del hecho, aunque haya tomado parte en él. El partícipe no debe haber tenido el dominio del hecho o no haber estado obligado por el deber especial en los delitos de infracción al deber.

El concepto de participación alcanza a los cómplices e instigadores. Se comprende por participación la colaboración arbitraria y dolosa en el delito doloso de otro. La participación es la colaboración en un hecho ajeno. Todos los que no tengan el dominio del hecho solo pueden ser responsables si han determinado al autor a cometer el hecho punible o se le han prestado una ayuda para que lo cometa.

No solo el autor principal debe actuar con dolo, sino también el partícipe, quien debe realizar su aporte en forma dolosa. La doctrina ha admitido que es suficiente el dolo eventual. El acuerdo entre el autor y el cómplice no es necesario que sea expreso y anterior al hecho, sino que basta con que sea tácito y simultaneo.

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA OMISIÓN

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La teoría de la autoría y la participación criminal constituye un pilar esencial de la dogmática penal, desarrollada históricamente para analizar delitos activos dolosos, donde la noción de dominio del hecho ha sido el eje central para distinguir entre autor y partícipe. Sin embargo, la aplicación de estas categorías a los delitos de omisión, ya sean propios o impropios, plantea desafíos teóricos significativos, dado que estos delitos se fundamentan en la infracción de un deber de actuar, más que en la producción activa de un resultado. En el derecho penal argentino, este tema ha recibido una atención doctrinal limitada en comparación con la dogmática penal alemana, donde se han desarrollado debates profundos, estimulados por la diferenciación punitiva entre autoría y participación en el Código Penal alemán. En contraste, el artículo 45 del Código Penal argentino equipara las penas de autores y partícipes necesarios, lo que simplifica la aplicación práctica, pero no resuelve las complejidades conceptuales.

CONCURSO DE DELITOS

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No existen problemas de punibilidad cuando un sujeto realiza un hecho típico con su conducta, pues la adecuación del comportamiento al supuesto legal determina la aplicación de la pena prevista para ese delito. Por ejemplo, si un sujeto le roba la cartera a una mujer no hay dudas de que se debe aplicar el artículo 164 del Código Penal, por cuanto establece que “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.

Distinta es la situación cuando el comportamiento de un sujeto contradice varias normas jurídicas, pues se plantea la cuestión de establecer si las sanciones deben sumarse o si cabe adoptar un sistema menos riguroso. Por ejemplo, si el mismo sujeto del párrafo anterior también causa lesiones en la víctima o en un tercero. El problema más importante de la teoría del concurso consiste en determinar cuándo existe una acción y cuándo varias.

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