Teoría de la Ley Penal

Las normas penales tienen una estructura similar a las demás normas del orden jurídico, toda vez que se componen de un presupuesto, que es la descripción de una conducta, y una consecuencia que está prevista para la hipótesis de que el presupuesto se cumpla. Así, por ejemplo, el artículo 141 del Código Penal establece que aquel que ilegalmente privare a otro de su libertad personal (presupuesto), será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a tres años (consecuencia). Lo específico de las normas penales es que el presupuesto es un delito y la consecuencia es una pena.

La subsunción consiste en verificar si una conducta es un delito. Para que cualquier operador judicial pueda interpretar existen métodos:

1. Gramatical: lo que las palabras de la ley dicen gramaticalmente. Es decir el sentido lingüístico de las palabras.
2. Teleológica: busca el fin de la norma. Esto tiene por finalidad ver que quería el legislador al momento de dictar la norma.
   • Teoría subjetiva: legislador histórico.
   • Teoría objetiva: objetivo actual.
3. Sistemático: analizar el sistema y el contexto en el que está contenida la norma.
4. Histórico: tiene en cuenta el momento en el que se dictó la ley y que motivo a dictar dicha ley. Es un método criticable, ya que los motivos se desvanecen y las leyes permanecen.

ÁMBITO DE VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL

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El ámbito de validez temporal está estipulado en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa…” En dicho artículo se puede apreciar el principio de irretroactividad.

Se requiere que la ley penal sea anterior al tiempo del delito y sea ley en el sentido formal, es decir que cumpla con todos sus requisitos. La validez temporal del derecho penal exige que la ley sea anterior. Esto implica que la persona que va a cometer un delito tiene esa ley a su disposición, es decir conoce la ley o puede conocerla, y actúa de acuerdo o en desacuerdo por su propia decisión. La ley debe ser anterior al hecho, es decir a la conducta que comete la persona, porque la persona puede motivarse en la norma y pueda actuar de manera distinta.

El derecho no es estático, sino que se va adaptando a los cambios sociales. Es necesario aceptar que las variaciones de las conductas sociales cambian las leyes, y ante ello hay cuatro hipótesis con respecto a la sucesión de leyes penales en el tiempo:

1. Una ley nueva crea una figura delictiva nueva y establece una pena nueva para esa conducta.
2. Una ley nueva quita el carácter delictivo a un hecho que era considerado delito.
3. Una ley nueva trae condiciones más gravosas para una conducta ya prevista.
4. Una ley nueva trae condiciones menos gravosas.

Los principios de irretroactividad, retroactividad, ultractividad son la base del ámbito de validez temporal y su epicentro es la mayor benignidad.

ÁMBITO DE VALIDEZ ESPACIAL

La eficacia imperativa de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal es una manifestación de la soberanía del estado.

Ante la comisión de un ilícito, es preciso determinar cuál es la ley aplicable, teniendo en cuenta el sitio de realización material de los actos o los efectos de los hechos que se califican delictuosos, la nacionalidad del autor o de la víctima del suceso, o bien principios de justicia universal, según sean los supuestos de que se trate.

El alcance espacial de la ley penal de cada estado trata de delimitar el ámbito dentro del cual es posible el ejercicio de esa voluntad soberana del estado, que quedara condicionada por el espacio reconocido como suyo por la propia comunidad internacional.

Existen cuatro principios que regulan la ley que corresponde aplicar:

1. Principio territorial
2. Principio real
3. Principio de personalidad
4. Principio de justicia mundial

SISTEMA QUE ADOPTA EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

Nuestro código penal sigue fundamentalmente el principio territorial.

Artículo 1º.- Este código se aplicará:

1º.- Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;

2º.- Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo.

ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

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El ámbito personal de aplicación de la ley penal se refiere a las reglas y excepciones que determinan cómo se aplica el derecho penal a las personas en función de su condición, cargo o función. En el derecho argentino, este ámbito está regulado principalmente por la Constitución Nacional, que establece como regla general la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley penal, sin distinciones basadas en características personales. Sin embargo, existen excepciones constitucionales y derivadas del derecho internacional que introducen limitaciones funcionales, no personales, a la aplicación de la ley penal, principalmente para proteger el ejercicio de ciertas funciones públicas esenciales en un sistema democrático.

El principio fundamental que rige el ámbito personal de aplicación de la ley penal en Argentina está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Este principio implica que, en teoría, la ley penal se aplica de manera uniforme a todas las personas, sin distinciones basadas en su posición social, económica o política. No obstante, la práctica del sistema penal, como en cualquier país, está influenciada por la selectividad inherente a los sistemas de justicia penal, que puede generar desigualdades fácticas en la aplicación de la ley. A pesar de esta realidad, el artículo 16 consagra la igualdad formal como regla general, asegurando que no existan privilegios arbitrarios en la aplicación del derecho penal.

Esta igualdad, sin embargo, admite excepciones establecidas en la propia Constitución y en el derecho internacional, que introducen limitaciones funcionales para ciertos cargos públicos o representantes extranjeros. Estas excepciones no se basan en la persona misma, sino en las funciones que desempeñan, lo que garantiza la protección del sistema democrático y las relaciones internacionales.

INDEMNIDAD DE LOS LEGISLADORES

Una de las excepciones más relevantes al principio de igualdad ante la ley penal está prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que consagra la indemnidad de los legisladores nacionales. Esta disposición establece que los miembros del Congreso no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan en el ejercicio de su mandato como legisladores. La indemnidad es una garantía de carácter penal, no procesal, que exime de responsabilidad penal a los legisladores por ciertos actos realizados en el desempeño de sus funciones, particularmente aquellos relacionados con el uso de la palabra, como injurias, calumnias o amenazas.

INMUNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

A diferencia de la indemnidad, la inmunidad es una garantía de carácter procesal, no penal, que protege a ciertos funcionarios públicos, como legisladores, el presidente de la nación, los ministros, gobernadores y jueces, frente a la persecución penal inmediata. La inmunidad no exime de responsabilidad penal, sino que establece un procedimiento previo, conocido como desafuero, que debe cumplirse antes de que el funcionario pueda ser sometido a un proceso penal.

INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

Otra excepción al ámbito personal de aplicación de la ley penal se encuentra en el derecho internacional, específicamente en las inmunidades diplomáticas otorgadas a jefes de Estado extranjeros, embajadores y otros representantes diplomáticos. Estas inmunidades, reguladas por tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, establecen que estas personas están exentas de la jurisdicción penal del Estado argentino mientras mantengan su representación oficial. Por ejemplo, un embajador extranjero no puede ser procesado penalmente en Argentina a menos que su país de origen le retire las credenciales diplomáticas.

DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Es un conjunto de normas supranacionales que se distinguen del derecho interno de cada estado. Actualmente el estatuto de roma presenta preceptos y sanciones, es decir una ley penal, determina sanciones y penas para ciertos hechos y con ciertos principios de aplicación y son juzgados por una corte penal internacional.

Esta rama del derecho surge en el principal juicio de Núremberg. Los hechos ocurridos durante la guerra fueron objeto de juicio. El estatuto de Londres fue aprobado en 1945 y fue lo que permitió juzgar a los criminales nazis. Sentencia en octubre de 1946. Posteriormente ocurrió algo similar en Tokio.

Se trató de dos tribunales militares internacionales. Juzgaron con leyes creadas con posterioridad a los hechos, lo cual produjo numerosas críticas. Luego de estas dos iniciales se empezó a trabajar en la creación de un tribunal penal permanente.

EL ESTATUTO DE ROMA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

En 1998 quedó redactado el Estatuto de Roma y se creó la Corte Penal Internacional, que actualmente tiene sede en La Haya, Países Bajos y está vinculada a la ONU. El Estatuto busca respetar el principio de legalidad.

A partir del Estatuto de Roma se han identificado los delitos que son considerados unánimemente como internacionales, ya que de manera expresa se prevé que caen bajo la competencia de la corte penal internacional los siguientes delitos:

1. Genocidio.
2. Crímenes de lesa humanidad.
3. Crímenes de guerra.
4. Crimen de agresión.

Alguno de estos delitos puede caer bajo la órbita del principio de justicia universal por lo cual un estado podría intentar juzgar al delincuente en base a su derecho penal interno, por lo que puede ser aplicado tanto el derecho penal internacional y el derecho penal interno.

Generalmente los delitos que son abarcados por el derecho penal internacional, pueden generar una responsabilidad del Estado, además de la responsabilidad penal individual, porque los mismos delitos son contemplados en el marco del DIDH y DIH.

La Corte aplicará en primer lugar el Estatuto, los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba. En segundo lugar, cuando resulte procedente, los tratados, principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados. En tercer lugar, y solo en su defecto es decir si resultare necesario tras haber recurrido a las fuentes citadas en primer lugar, la corte aplicara los principios generales del derecho que derive la corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo.

Recepta el Estatuto los principios de cosa juzgada, prohibición de la interpretación analógica extensiva, el principio de irretroactividad, la responsabilidad penal individual, la responsabilidad de los jefes y otros superiores.

El Estatuto no estipula penas determinadas para cada delito, por lo que algunos sostienen que se viola el mandato de certeza. El estatuto, que entró en vigor en 2002, se acompaña, principalmente, por dos documentos:

1. Elementos de los crímenes (código penal comentado)
2. Reglas de procedimiento y prueba

También hay otros elementos a tener en cuenta, que son fuentes secundarias y facultativas, que pueden ser aplicadas por la corte.

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