Patrimonio y Actos Jurídicos

DERECHOS REALES

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35.3.1. Calificación de bienes

El artículo 2663 del CCCN establece que “la calidad de bien inmueble se determina por la ley del lugar de su situación”, consagrando así el principio de lex rei sitae. Este principio es un punto de conexión clásico en el derecho internacional privado, que vincula la naturaleza jurídica de un bien con el ordenamiento del país donde se encuentra materialmente situado. La elección de este criterio responde a razones de seguridad jurídica, certeza y predictibilidad, dado que el derecho local es el más adecuado para regular aspectos esenciales del bien, como su registro, transmisión, gravámenes y limitaciones.

El principio lex rei sitae cumple varias funciones:

• Determinación de la naturaleza jurídica: define si un bien es inmueble o mueble según el derecho del lugar, evitando conflictos de calificación entre sistemas jurídicos.
• Regulación de derechos reales: establece los requisitos para la constitución, transmisión y extinción de derechos reales, como hipotecas, servidumbres o usufructos, de acuerdo con las formalidades locales.
• Oponibilidad frente a terceros: asegura que los actos jurídicos sobre bienes sean válidos y reconocidos dentro del sistema donde el bien se encuentra, evitando disputas internacionales.

35.3.2. Jurisdicción

Los artículos 2664 a 2666 del CCCN establecen la distribución de la jurisdicción internacional en materia de acciones reales, regulando el foro competente según la naturaleza del bien objeto del litigio. Las acciones reales, como recuerda el artículo 2247, constituyen los medios procesales destinados a proteger la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, frente a cualquier ataque que impida su ejercicio. Entre las más relevantes se encuentran la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. Estas acciones, en Argentina, son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva, garantizando la protección continua del titular frente a la pérdida o afectación de su derecho.

La distribución de la competencia según los tipos de bienes se organiza de la siguiente manera:

1. Inmuebles (art. 2664): La competencia es exclusiva de los tribunales del Estado donde se encuentra el inmueble. Por ejemplo, si se litiga la propiedad de una finca en Córdoba entre un argentino y un paraguayo, únicamente los tribunales argentinos pueden conocer el caso, aunque el contrato de adquisición se hubiera celebrado en Asunción. Esta exclusividad refuerza la coherencia entre la jurisdicción y la ley aplicable (lex rei sitae), asegurando que la interpretación y aplicación de los derechos reales se realice conforme a las normas del lugar donde el bien está físicamente situado.
2. Bienes registrables (art. 2665): La competencia corresponde a los jueces del Estado donde se lleva el registro. Por ejemplo, si se discute la titularidad de un automóvil inscrito en España, los tribunales españoles serán los competentes, dado que la inscripción constituye un elemento esencial para la validez y oponibilidad del derecho frente a terceros. Este criterio protege la seguridad jurídica, al garantizar que los registros locales y su ley regulen los efectos de los actos sobre bienes formalmente inscritos.
3. Bienes no registrables (art. 2666): La competencia es concurrente, pudiendo actuar tanto el juez del domicilio del demandado como el del lugar donde se encuentran los bienes. Por ejemplo, si un argentino posee una joya depositada en Brasil y se inicia un litigio sobre su propiedad, el actor puede demandar tanto en Brasil (lugar de situación del bien) como en Argentina (domicilio del demandado). Esta flexibilidad refleja un criterio práctico y proteccionista, al ofrecer al titular la posibilidad de elegir el foro más adecuado para la defensa de su derecho, equilibrando proximidad, eficiencia procesal y efectividad de la tutela.

35.3.3. Ley aplicable

En cuanto a la ley aplicable en materia de derechos reales, el Código Civil y Comercial establece criterios diferenciados según la naturaleza y situación de los bienes. La determinación de la ley aplicable no solo busca regular la validez de los derechos y su oponibilidad frente a terceros, sino también garantizar certeza jurídica en transacciones internacionales y coherencia con los registros y autoridades locales. La elección del ordenamiento jurídico depende del tipo de bien y del contexto específico de cada situación, protegiendo así la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos reales.

En este contexto la ley que deberá aplicar el magistrado interviniente será:

1. Inmuebles: El artículo 2667 establece el principio general: “Los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación”. Este principio es aplicable tanto a bienes situados en Argentina como en el extranjero.Asimismo, el artículo dispone que los contratos celebrados en el extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles en la República tendrán la misma fuerza que los hechos en el país, siempre que consten en instrumentos públicos y se encuentren legalizados. Esta previsión reconoce la validez extraterritorial del título, pero subordina su eficacia a las exigencias formales del orden jurídico argentino.Por ejemplo, un contrato de compraventa celebrado en París entre dos argentinos respecto de un inmueble ubicado en Mendoza será válido si se formaliza mediante escritura pública y se presenta legalizado ante el registro argentino. Sin embargo, los efectos reales (la transmisión del dominio) sólo se producirán conforme al derecho argentino y no por la sola voluntad contractual.
2. Bienes muebles registrables: El artículo 2668 aplica el mismo criterio al establecer que los derechos reales sobre bienes registrables se rigen por la ley del Estado del registro. Así, por ejemplo, si un ciudadano argentino es titular de un buque matriculado en Panamá, la existencia y oponibilidad de su derecho real de dominio se regirá por la ley panameña, aunque el buque se encuentre temporalmente en puertos argentinos.
3. Bienes muebles de situación permanente: Estos son bienes muebles que, por su naturaleza o destino económico, permanecen fijados en un lugar determinado y no se trasladan con frecuencia. El artículo 2669 dispone que se rigen por la ley del lugar de su situación al momento del hecho que genera la adquisición, modificación o extinción del derecho. Además, el desplazamiento posterior del bien no afecta los derechos válidamente constituidos. Por ejemplo, una escultura ubicada de forma permanente en un museo de Brasil se rige por la ley brasileña. Si luego se traslada temporalmente a una exposición en Buenos Aires, la titularidad y las garantías constituidas en Brasil seguirán siendo válidas y oponibles en Argentina.
4. Bienes muebles sin situación permanente: Los bienes que el propietario lleva consigo, los de uso personal o los destinados a la venta o transporte —por ejemplo, una joya, una computadora portátil o una mercadería en tránsito— se rigen por la ley del domicilio del dueño. No obstante, si se controvierte la condición de propietario, se aplica el derecho del lugar de situación del bien. Por ejemplo, si un argentino residente en Córdoba vende en Perú un reloj que lleva consigo, la transmisión se rige por la ley argentina (su domicilio). Pero si un tercero en Perú disputa la propiedad del reloj, el conflicto se resolverá conforme a la ley peruana, lugar donde el bien se encuentra.

FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

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Actualmente, la forma se rige por el derecho del lugar en que el acto se celebra. La regla locus regit actum parte de la premisa de que para concertar un contrato válido las partes tienen mayor facilidad para consultar la ley local. La segunda parte de la norma fija que cuando la ley aplicable al contenido del acto no deje libre a los particulares la elección de una forma, ni autorice celebrar el negocio jurídico observando la ley del lugar de celebración, se debe determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada.

En esos casos, la forma asume la naturaleza de cuestión esencial porque la regula el derecho donde se hará valer el acto o ejecutará el contrato, por lo tanto, para desplegar los efectos jurídicos tendrá que satisfacerse la reglamentación de la ley que rige el fondo de la situación privada internacional. La exigencia de forma en el derecho regulador de la situación privada internacional genera fatalmente la obligación de equivalencia entre la forma observada y la forma requerida; por esa condición, el artículo flexibiliza la falta de observancia exacta e impone una semejanza, pero no una estricta igualdad.

CONTRATOS

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37.1. JURISDICCIÓN

ARTÍCULO 2650.- Jurisdicción.

No existiendo acuerdo válido de elección de foro, son competentes para conocer en las acciones resultantes de un contrato, a opción de actor:

a) los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios demandados, los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos;

b) los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales;

c) los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato.

37.2. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Las partes pueden elegir una sola ley aplicable al contrato que mejor se adapta a sus necesidades. Las partes son libres de elegir cualquier derecho, aun un derecho neutral. La elección debe ser de un derecho en vigor, y no se puede pactar la aplicación del derecho romano, como tampoco congelar el derecho de un país en el momento de la firma del contrato, estableciendo su aplicación en ese Estado sin sus posibles modificaciones. Se garantiza de esta manera que el contrato esté enmarcado en un sistema jurídico global con soluciones para todo posible conflicto futuro.

37.5. DERECHO APLICABLE

El contenido de esta norma implica que sólo cuando las partes no elijan un derecho aplicable entran a funcionar las normas indirectas. El lugar de cumplimiento que establece esta norma es el lugar de cumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, por ejemplo, en la compraventa la obligación esencial es la entrega de la cosa. En cuanto a jurisdicción, pueden existir varias; pero en cuanto a la ley aplicable debe ser solo una. La tercera opción es tomar la ley aplicable del país del lugar de celebración; y en su defecto la perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta aceptada.

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