RESPONSABILIDAD PARENTAL

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 638.- Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

La democratización de las relaciones familiares por un lado, y la autonomía de los miembros de las familias por el otro, llevan a reformular la vinculación entre padres e hijos. Tradicionalmente, esta relación fue definida a partir del concepto de patria potestad, como referencia al reconocimiento de un poder del padre de familia sobre sus hijos menores de edad.

OTORGAMIENTO DE LA GUARDA A UN PARIENTE

ARTÍCULO 657.- Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras que se regulan en este Código.

El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que LA RESPONSABILIDAD PARENTAL QUEDE EN CABEZA DEL O LOS PROGENITORES, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio.

La “guarda” en este contexto se refiere al cuidado y protección de un niño, niña o adolescente que, por razones de gravedad, no puede ser ejercido por sus progenitores.

Esto significa que, en primer lugar, debe existir una situación de especial gravedad. Así, por ejemplo, imaginemos una situación en la que los progenitores de un menor están lidiando con una grave adicción a las drogas. Esta situación puede considerarse de “especial gravedad” según el artículo 657. La adicción a las drogas por parte de los progenitores puede poner en riesgo la seguridad, el bienestar y el desarrollo adecuado del menor. La adicción podría afectar la capacidad de los padres para brindar un entorno seguro y estable para el niño. En esta situación, el juez podría tomar, entre otras medidas para proteger al niño, niña o adolescente, el otorgamiento de la guarda a un pariente. Esta decisión permitiría que el pariente asuma la responsabilidad del cuidado diario del menor y tome decisiones relacionadas con su educación, salud y bienestar, brindando así un ambiente más seguro y estable.

En segundo lugar, es preciso destacar, que, en virtud de lo establecido por esta norma, la guarda solo puede ser otorgada a un pariente, es decir con una persona con la que el menor tenga un vínculo de parentesco. Los parientes pueden ser familiares cercanos, como hermanos, tíos, primos, abuelos u otros. Por lo tanto, en el contexto del artículo mencionado, “pariente” se refiere a alguien que tiene un lazo de parentesco con el niño, niña o adolescente y que podría ser considerado como una opción viable para cuidar y proteger al menor en situaciones excepcionales donde los padres no son capaces de hacerlo debido a circunstancias graves y especiales.

En tercer lugar, en cuanto a la duración de la guarda, el plazo inicial es de un año, sin embargo, después de este año, si existen razones justificadas, el juez puede prorrogar la guarda por otro período igual. Esto significa que, si la situación que condujo a la decisión del juez aún persiste, la guarda puede extenderse por otro año. Una vez que se ha cumplido el plazo de la guarda otorgada al pariente, el juez debe tomar una decisión sobre la situación del niño, niña o adolescente. En otras palabras, el juez debe decidir qué hacer con respecto a la guarda después de que haya transcurrido el período de un año más su prórroga. Así, por ejemplo, la guarda podría transformarse en tutela.

Finalmente, en cuanto a los deberes y derechos del guardador, es preciso destacar que durante el período en que el pariente tiene la guarda, este sujeto tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Esto implica que el pariente tiene la responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con las actividades de la vida cotidiana del menor, como su educación, salud, etc. Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad parental sigue en cabeza de los progenitores, por lo que aunque el guardador tiene ciertos derechos y responsabilidades, no asume la representación legal total del niño. Esto significa que no reemplaza completamente a los progenitores en términos legales, sino que ellos conservan ciertos derechos y responsabilidades en relación con el niño.

TUTELA

Desde el punto de vista clásico o tradicional, tanto la tutela como la curatela constituyen dos figuras jurídicas de protección a dos grupos vulnerables:

  • Las personas menores de edad (la tutela);
  • Las personas con padecimientos mentales (la curatela).

En el caso de la tutela, aparece en escena cuando por diferentes razones, los principales responsables de un niño o adolescente no pueden hacerse cargo de las obligaciones a su cargo; de allí que algún familiar o referente afectivo deba ocupar ese lugar en su carácter de tutor.

PROCESOS DE FAMILIA

ARTÍCULO 706.- Principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.

  1. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos.
  2. Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario.
  3. La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

  • Libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirla;
  • Obtener una sentencia de fondo motivada y fundada en un tiempo razonable, más allá del acierto en dicha decisión;
  • Cumplimiento de la sentencia, es decir, ejecutoriedad del fallo.

MEDIDAS URGENTES

Las medidas urgentes en el Derecho de Familia constituyen herramientas procesales destinadas a brindar una respuesta inmediata frente a situaciones que requieren intervención judicial sin dilaciones. Se trata de decisiones de carácter provisorio que tienen por finalidad evitar la producción de un daño, detener su agravamiento o asegurar la eficacia de un proceso principal.

Desde el punto de vista conceptual, las medidas urgentes pueden definirse como aquellas resoluciones judiciales dictadas con carácter anticipado, basadas en un análisis preliminar de la situación, que buscan proteger derechos fundamentales en contextos de especial vulnerabilidad. Su fundamento radica en la necesidad de que el Derecho no llegue tarde, especialmente en ámbitos donde los conflictos involucran a personas en situaciones de debilidad estructural, como niños, niñas, adolescentes o víctimas de violencia familiar.

La finalidad de estas medidas es eminentemente protectoria. A diferencia de las sentencias definitivas, que resuelven el conflicto en forma integral, las medidas urgentes actúan sobre la contingencia inmediata, procurando resguardar la integridad física, psíquica y patrimonial de las personas involucradas. En este sentido, su objetivo no es declarar derechos con carácter definitivo, sino garantizar que esos derechos no resulten vulnerados mientras se sustancia el proceso principal.

Una de las características más relevantes de estas medidas es su diferencia con los procesos ordinarios. Mientras estos últimos se desarrollan a través de etapas procesales completas —demanda, contestación, prueba y sentencia—, las medidas urgentes se dictan con base en una cognición limitada, sustentada en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Ello implica que el juez no requiere certeza plena sobre los hechos, sino una apariencia razonable de que el derecho invocado existe y que su demora podría generar un perjuicio irreparable.

Este rasgo explica por qué las medidas urgentes se caracterizan por su rapidez, flexibilidad y provisionalidad. El procedimiento se simplifica, se reduce la exigencia probatoria y se habilita al juez a adoptar decisiones inmediatas, incluso sin oír previamente a la otra parte en ciertos casos, cuando la urgencia lo justifica.

El contexto en el que operan estas medidas es determinante para comprender su alcance. El Derecho de Familia se desenvuelve en escenarios donde los conflictos suelen estar atravesados por vínculos afectivos, asimetrías de poder y situaciones de vulnerabilidad. Así, pueden presentarse casos de violencia familiar, disputas por el cuidado de los hijos, incumplimientos alimentarios o situaciones que afectan el desarrollo integral de niños y adolescentes. En todos estos supuestos, la demora en la intervención judicial puede agravar el daño o tornar ilusoria la protección de los derechos. Por ello, las medidas urgentes se configuran como instrumentos indispensables para garantizar una tutela judicial efectiva, permitiendo que el juez actúe con celeridad frente a situaciones críticas.

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