CONTRATOS BANCARIOS CON CONSUMIDORES Y USUARIOS

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Un contrato bancario es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes, de las cuales al menos una es un banco o entidad financiera, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, que los contratos bancarios son acuerdos celebrados entre una entidad bancaria y un cliente, ya sea una persona física o jurídica. Estos contratos establecen las condiciones y términos bajo los cuales se ofrecen y utilizan los servicios financieros proporcionados por el banco. Los contratos bancarios pueden abarcar una amplia variedad de servicios y productos, como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, entre otros.

Es esencial que los contratos bancarios sean claros, comprensibles y transparentes, proporcionando a los clientes la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus transacciones financieras. Esta situación cobra vital relevancia cuando el cliente reúne los caracteres del “consumidor”. Es decir, que cuando el cliente es una persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, los contratos bancarios son objeto de una especial regulación que estudiaremos en este capítulo.

DEBER DE INFORMACIÓN

En el ámbito de los contratos bancarios con consumidores y usuarios, el deber de información emerge como un principio fundamental para garantizar relaciones financieras justas y transparentes. Este deber impone a las entidades bancarias la obligación de brindar a los clientes información clara, completa y comprensible sobre los productos y servicios ofrecidos. La transparencia en la comunicación es esencial para empoderar a los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones informadas y evitar situaciones de asimetría de información. A través del deber de información, se busca equilibrar la relación entre bancos y consumidores, fomentando la confianza y promoviendo la toma de decisiones financieras conscientes. En este contexto, exploraremos los elementos clave de este deber y su importancia en la protección de los derechos de los usuarios en el ámbito bancario.

ARTÍCULO 1385.- Publicidad.

Los anuncios del banco deben contener en forma clara, concisa y con un ejemplo representativo, información sobre las operaciones que se proponen. En particular deben especificar:

a) los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente consideradas;

b) la tasa de interés y si es fija o variable;

c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la periodicidad de su aplicación;

d) el costo financiero total en las operaciones de crédito;

e) la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito o la aceptación de la inversión y los costos relativos a tales servicios;

f) la duración propuesta del contrato.

La transparencia y la información clara son elementos esenciales en la relación entre bancos y consumidores, por lo que este artículo busca garantizar que los usuarios estén plenamente informados al momento de realizar transacciones financieras. En detalle, la normativa exige que los anuncios bancarios proporcionen información específica y comprensible, utilizando ejemplos representativos.

Se deben especificar los rangos de montos para cada operación de manera individual, debe indicarse la tasa de interés, diferenciando si es fija o variable, se deben detallar las tarifas por gastos y comisiones, incluyendo los casos y la frecuencia con la que se aplicarán, en el caso de operaciones de crédito, se debe informar el costo financiero total, brindando una visión completa de los costos asociados, si existen servicios adicionales para la obtención de crédito o aceptación de inversión, se debe informar sobre su existencia y los costos correspondientes, y se debe especificar la duración propuesta del contrato, brindando a los consumidores una visión clara del período de compromiso.

FORMA

ARTÍCULO 1386.- Forma.

El contrato debe ser redactado por escrito en instrumentos que permitan al consumidor:

a) obtener una copia;

b) conservar la información que le sea entregada por el banco;

c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la naturaleza del contrato;

d) reproducir la información archivada.

El consumidor tiene el derecho de recibir una copia del contrato, lo cual es esencial para que disponga de un registro tangible de los términos y condiciones acordados. Además, el contrato debe ser redactado de manera que el consumidor pueda conservar la información proporcionada por el banco. Este aspecto garantiza que el cliente pueda referirse a los términos del contrato en cualquier momento necesario.

El consumidor debe tener la capacidad de acceder a la información durante un período de tiempo apropiado, considerando la naturaleza específica del contrato. Este requisito asegura que el cliente tenga acceso continuo a los detalles relevantes del contrato. El contrato debe estar redactado de tal manera que permita al consumidor reproducir la información archivada. Esta disposición facilita la gestión y utilización de la documentación relacionada con el contrato a lo largo del tiempo.

OBLIGACIONES PRECONTRACTUALES

ARTÍCULO 1387.- Obligaciones precontractuales.

Antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina.

Si el banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa registrada en una base de datos, debe informar al consumidor en forma inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde la obtuvo.

Antes de formalizar un contrato con el consumidor, el banco está obligado a proporcionar información suficiente. El propósito de esta información es permitir al cliente comparar las distintas ofertas de crédito disponibles en el sistema, según las publicaciones realizadas por el Banco Central de la República Argentina. La norma busca garantizar que los consumidores estén debidamente informados sobre las opciones disponibles antes de comprometerse contractualmente. Esta medida tiene como objetivo fomentar la transparencia y la toma de decisiones informadas por parte de los clientes.

Además, si un consumidor solicita un crédito y el banco toma la decisión de rechazar la solicitud debido a información desfavorable encontrada en una base de datos, el banco debe comunicar de inmediato al consumidor las razones detrás de esta decisión y la fuente exacta de la información desfavorable. Esto brinda al consumidor la oportunidad de comprender y abordar cualquier problema o inexactitud en la información que llevó al rechazo de su solicitud. Por ejemplo, supongamos que un consumidor solicita un préstamo en un banco, y la entidad financiera, al realizar una consulta a una base de datos, como podría ser el caso de “Veraz”, obtiene información negativa que lleva al rechazo de la solicitud. En este caso, el banco está obligado a informar de manera inmediata y gratuita al consumidor sobre el resultado de la consulta y la fuente de donde obtuvo esa información negativa. Esto proporciona al consumidor la posibilidad de comprender las razones del rechazo y, si es necesario, abordar cualquier problema o inexactitud en la información registrada en la base de datos.

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