FRAUDE A LA LEY

Esta doctrina fue concebida para sancionar las manipulaciones de los puntos de conexión. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el caso de Fritz Mandel decidió que la noción de fraude a la ley en el derecho internacional privado es el remedio necesario para que ésta conserve su carácter imperativo en los casos en que dejaría de ser aplicable a una relación jurídica por haberse acogido los interesados, fraudulentamente, a una nueva ley.

ARTÍCULO 2598.- Fraude a ley.

Para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto.

Derechos disponibles son aquellos casos en los que las partes pueden decir qué derecho aplicar; sin embargo, existen muchas áreas en las que las partes no pueden elegir. En esas situaciones, las partes deben regirse por lo que establece la norma indirecta.

Los hechos y actos que no serán tenidos en cuenta son aquellos realizados “con el solo fin” de eludir la aplicación de la norma.

ELEMENTOS

El fraude a la ley presupone el cambio voluntario del punto de conexión para eludir la ley que sería aplicable al caso. La demostración del elemento intencional es necesario.

El fraude a la ley funciona como excepción, no es una regla que se aplica todo el tiempo.

El fraude tiene dos elementos:

Elemento objetivo: el acto realizado.
Elemento subjetivo: la intención de cometer fraude.
- Expansión espacial: significa que el caso implica viajes o vinculaciones con ordenamientos con los cuales el caso no tendría nada que ver.
- Contracción temporal: todo ocurre en un espacio temporal muy breve.

El problema se presenta en la prueba de la intención. Para ello se utilizan los dos elementos que se presentan en el elemento subjetivo. Expansión espacial y contracción temporal.

Para descartar la aplicación de una ley extranjera, el concepto de orden público no requiere demostración del elemento voluntario, pues su sustento radica en la protección de los intereses sociales. Por ello vedar la aplicación de una ley en virtud de ser contraria al orden público internacional es más sencillo y no requiere prueba alguna. Parecería desde esta perspectiva que el concepto de fraude a la ley resulta superfluo.