Constitución de Sociedades

La constitución de la sociedad representa el momento fundacional a partir del cual una organización adquiere relevancia jurídica como sujeto de derecho, iniciando su proyección en el tráfico. Este proceso no se agota en el acto constitutivo, sino que comprende una secuencia de etapas cuya correcta comprensión resulta indispensable para determinar el alcance de los derechos, obligaciones y responsabilidades que se generan en cada una de ellas.

En primer lugar, corresponde analizar el comienzo de la existencia de la sociedad, cuestión que remite a la determinación del momento a partir del cual se la reconoce como persona jurídica. Este aspecto resulta central, ya que incide directamente en la titularidad de las relaciones jurídicas y en la imputación de los actos realizados en su nombre.

A continuación, el estudio de las sociedades en formación permite examinar la etapa intermedia que se extiende entre el acto constitutivo y la inscripción registral. Durante este período, la sociedad proyecta su actividad hacia el exterior, lo que plantea interrogantes en torno a la validez de sus actos y al régimen de responsabilidad aplicable a quienes actúan en su nombre.

En este marco, la inscripción registral adquiere un rol decisivo, en tanto constituye el requisito que consolida la regularidad de la sociedad y asegura la oponibilidad de su organización frente a terceros. Su análisis permite comprender la función del registro como instrumento de publicidad y seguridad jurídica en el ámbito societario.

Por su parte, el estudio de las sociedades comprendidas en la Sección IV de la Ley General de Sociedades introduce el tratamiento de aquellas situaciones en las que la organización societaria no se adecua plenamente a los requisitos legales. Este régimen especial pone de manifiesto que el derecho no ignora la realidad de las formas imperfectas de organización, sino que las regula asignando consecuencias jurídicas específicas.

Finalmente, el objeto social se presenta como uno de los elementos esenciales del acto constitutivo, en tanto delimita el ámbito de actuación de la sociedad y orienta su actividad. Su correcta determinación no solo define la finalidad perseguida, sino que también incide en la validez de los actos realizados y en la protección de terceros.

En conjunto, los temas desarrollados en esta Parte permiten comprender el proceso de constitución de la sociedad en su totalidad, desde su surgimiento hasta la consolidación de su regularidad, proporcionando una visión sistemática de las distintas etapas y de sus efectos jurídicos.

Comienzo de la existencia

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El momento en que la sociedad adquiere existencia jurídica constituye una cuestión central en el Derecho Societario, en tanto permite determinar desde cuándo el ente puede ser considerado sujeto de derecho y, por ende, titular de derechos y obligaciones. Esta delimitación no es meramente teórica, sino que presenta consecuencias prácticas relevantes, especialmente en materia de responsabilidad, actuación en el tráfico jurídico y protección de terceros.

En este sentido, resulta fundamental distinguir entre el acto constitutivo y la existencia jurídica de la sociedad. El acto constitutivo —que puede adoptar la forma de contrato o de declaración unilateral en los supuestos de unipersonalidad— representa el punto de partida de la organización societaria, en cuanto exterioriza la voluntad de los constituyentes de crear un ente destinado al desarrollo de una actividad económica. Sin embargo, dicho acto no agota por sí mismo la problemática del nacimiento de la sociedad como sujeto de derecho.

La existencia jurídica implica un estadio ulterior, en el cual el ordenamiento reconoce a la sociedad como una persona jurídica diferenciada de sus integrantes. Este reconocimiento se vincula con el cumplimiento de determinadas condiciones previstas por la ley, que permiten atribuir al ente una personalidad propia y habilitar su actuación en el tráfico jurídico. Por ejemplo, los socios pueden celebrar el contrato constitutivo de una sociedad y comenzar a organizar la actividad económica, pero ello no implica necesariamente que la sociedad se encuentre plenamente constituida como sujeto de derecho o que sus actos resulten oponibles a terceros en los mismos términos que los de una sociedad regularmente inscripta.

Sociedades en formación

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La sociedad en formación es aquella que, habiendo sido válidamente constituida por sus socios, aún no ha completado el proceso de inscripción registral exigido por la ley. Se trata, por tanto, de una etapa intermedia entre el acto constitutivo y la plena regularidad societaria.

Desde una perspectiva temporal, esta categoría se ubica con precisión entre dos hitos: comienza con la celebración del contrato o acto constitutivo y finaliza con su inscripción en el registro público correspondiente. Durante ese lapso, la sociedad existe, pero no ha adquirido todavía la plenitud de efectos propios de la regularidad.

La diferencia con la sociedad regularmente constituida radica, justamente, en ese último requisito. La inscripción no crea la sociedad -que ya ha nacido por la voluntad de los socios-, pero sí perfecciona su situación jurídica frente a terceros y consolida su régimen de actuación. Antes de ese momento, el ordenamiento reconoce la existencia del ente, aunque somete su funcionamiento a reglas específicas, especialmente en materia de responsabilidad.

La relevancia práctica de esta categoría es significativa. En la realidad económica, es habitual que los socios comiencen a operar antes de completar la inscripción: celebran contratos, contratan personal, alquilan inmuebles o realizan actos preparatorios. El derecho no puede ignorar esa dinámica, y por ello regula esta etapa, evitando tanto la desprotección de terceros como la elusión de responsabilidades por parte de quienes actúan en nombre de la sociedad.

Inscripción registral

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La inscripción registral no constituye una mera formalidad administrativa, sino que se trata de un mecanismo jurídico que permite proyectar la realidad interna de la sociedad hacia el exterior, dotándola de visibilidad y eficacia frente a terceros. En este sentido, la inscripción cumple una función de articulación entre el plano interno del contrato social y el plano externo del tráfico jurídico.

Desde la perspectiva del nacimiento de la sociedad, la inscripción se vincula directamente con el comienzo de su existencia regular. Si bien el contrato constitutivo da origen a la sociedad como acuerdo de voluntades, el ordenamiento exige su inscripción para reconocerle plena eficacia jurídica como sujeto de derecho. Es recién a partir de este acto que la sociedad puede actuar regularmente en el tráfico, invocar su personalidad y oponer su estructura organizativa frente a terceros, conforme lo establece el régimen legal vigente.

La importancia de la inscripción se explica, además, por su función en la seguridad jurídica. A través del registro, los terceros acceden a información esencial —denominación, domicilio, objeto, capital, autoridades— que les permite evaluar con quién contratan y en qué condiciones. De este modo, la inscripción no solo protege a los terceros, sino que también fortalece la confianza en las relaciones económicas, reduciendo la incertidumbre y el riesgo.

Sociedades comprendidas en la Sección IV de la LGS

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La Sección IV de la Ley General de Sociedades regula aquellos supuestos en los cuales existe una organización societaria que desarrolla una actividad económica común, pero que no reúne plenamente las condiciones exigidas para quedar sometida al régimen ordinario de los tipos societarios previstos en el Capítulo II de la ley. El régimen se encuentra previsto en los arts. 21 a 26 de la LGS y comprende, entre otros supuestos, a las sociedades que no se constituyen conforme a los tipos legales, aquellas que omiten requisitos esenciales y las que incumplen formalidades exigidas por el ordenamiento.

Desde una perspectiva sistemática, la Sección IV funciona como un régimen especial destinado a evitar que determinadas organizaciones económicas queden completamente al margen del Derecho Societario. El legislador parte de una realidad evidente: en la práctica, es frecuente que personas desarrollen actividades empresariales en común sin cumplir adecuadamente con las exigencias legales de constitución, instrumentación o registración. Frente a ello, el ordenamiento no adopta una solución extrema. No desconoce la existencia de la sociedad ni la considera inexistente, pero tampoco le concede plenamente los efectos y beneficios derivados de la regularidad societaria.

En este sentido, el sistema vigente abandona la antigua lógica centrada exclusivamente en las categorías de “sociedad irregular” y “sociedad de hecho” y adopta una fórmula más amplia y flexible, capaz de abarcar distintos supuestos de insuficiente adecuación al régimen societario típico. Por ello, actualmente el eje del análisis no debe colocarse únicamente en la falta de inscripción registral, sino en el sometimiento de la organización al régimen especial de la Sección IV.

La consecuencia principal de este encuadre consiste en que la sociedad existe y actúa en el tráfico jurídico, pero lo hace bajo un régimen especial caracterizado por una oponibilidad limitada de ciertas cláusulas internas y por reglas particulares en materia de representación y responsabilidad. Esto se refleja especialmente en materia de responsabilidad, ya que el art. 24 de la LGS establece, como regla general, que los socios responden frente a terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, sin perjuicio de las excepciones previstas por la propia ley.

Objeto social

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El objeto social constituye uno de los elementos esenciales del contrato de sociedad y cumple una función central dentro del sistema societario. Conforme lo dispone la Ley General de Sociedades, debe ser preciso y determinado, exigencia que responde a la necesidad de delimitar con claridad el ámbito de actuación del ente y de dotar de seguridad al tráfico jurídico. A través de él se define jurídicamente la actividad que la sociedad se propone desarrollar, fijando el marco dentro del cual deberá desenvolverse su actuación. No se trata, por tanto, de una cláusula meramente descriptiva, sino de un verdadero instrumento de organización y control que proyecta sus efectos tanto en el plano interno como en las relaciones con terceros.

El objeto social puede definirse como la delimitación jurídica de la actividad que la sociedad se propone realizar. A través de esta cláusula, cuya inclusión resulta exigida por la Ley General de Sociedades al requerir la designación de un objeto preciso y determinado (art. 11, inc. 3), los socios establecen el conjunto de actos y operaciones que integran la finalidad del ente, configurando así su campo de actuación dentro del ordenamiento jurídico.

Su función es múltiple:

• Función delimitadora. Fija el ámbito dentro del cual la sociedad puede actuar válidamente, determinando el alcance de su actividad conforme al objeto establecido en el contrato social (art. 11, inc. 3).
• Función organizativa. Orienta la actuación de los órganos sociales, especialmente de los administradores, quienes deben ajustar su conducta a la consecución del objeto, en el marco de la organización societaria prevista por la ley y el contrato.
• Función externa. Permite a los terceros conocer la actividad de la sociedad y evaluar el alcance de su actuación, en consonancia con el régimen de publicidad y oponibilidad derivado de la inscripción registral (arts. 5 y 7).

En este sentido, el objeto social no solo determina “qué hace” la sociedad, sino también “hasta dónde puede hacerlo”, constituyéndose en un parámetro fundamental para apreciar la regularidad de su actuación y la validez de los actos celebrados en su nombre.

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