PATROCINIO LETRADO

¿TE GUSTARÍA TENER EL POWERPOINT QUE SE UTILIZÓ PARA GRABAR ESTA CLASE?

Solamente tenés que hacer click en este enlace para descargarlo…

El patrocinio letrado constituye un elemento esencial en el Derecho Procesal Civil y Comercial argentino, asegurando que las partes involucradas en un proceso judicial estén debidamente representadas por un abogado. Esta obligación se encuentra regulada específicamente en el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), que establece que los jueces están impedidos de proveer ciertos tipos de escritos si no están patrocinados por un abogado. Esto incluye, entre otros, escritos de demanda o excepciones, contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, incidentes, nulidades de actuaciones, y cualquier escrito que sustente o controvierta derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa. Esta normativa garantiza que todos los actos procesales que puedan influir en los derechos de las partes sean supervisados y guiados por profesionales capacitados en el ámbito jurídico.

El patrocinio letrado es crucial para el correcto desarrollo de los procesos judiciales. La exigencia de la firma y patrocinio de un abogado en ciertos actos procesales garantiza que las partes reciban una adecuada asesoría y defensa técnica, lo que contribuye a la protección de sus derechos y al equilibrio procesal. Además, asegura que los escritos y actuaciones cumplan con las formalidades y tecnicismos propios del derecho procesal, evitando nulidades y errores procedimentales que puedan afectar la justicia del proceso.

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

La Ley 23.187 establece los lineamientos fundamentales para el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal, y en su artículo 1° establece que el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se rige por las disposiciones de esa misma ley y, subsidiariamente, por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes vigentes. Un aspecto crucial de esta normativa es la protección de la libertad y dignidad de la profesión, asegurando que ninguna de sus disposiciones pueda interpretarse de manera que menoscabe o restrinja estos valores fundamentales.

Por su parte, el artículo 2° establece que para ejercer la profesión de abogado en la jurisdicción de la Capital Federal, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1. Título Habilitante: Poseer un título de abogado expedido por una autoridad competente es el primer requisito esencial. Este título certifica la formación académica y la capacidad profesional del abogado.
2. Inscripción en la Matrícula: El abogado debe estar inscripto en la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esta inscripción es indispensable, excepto para los profesionales que litigan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante tribunales o instancias administrativas, en causas originadas en tribunales federales o locales en las provincias.
3. Ausencia de Incompatibilidades o Impedimentos: No estar incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo 3° de la ley.

INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

La ley establece varias incompatibilidades e impedimentos que prohíben el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal. Estos se dividen en dos categorías principales:

1. Por Incompatibilidad:
2. Altos funcionarios del Estado, como el presidente y vicepresidente de la Nación, ministros, secretarios, y subsecretarios del Poder Ejecutivo, entre otros.
3. Legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal durante el ejercicio de su mandato en ciertos tipos de causas.
4. Magistrados, funcionarios y empleados judiciales, así como miembros de fuerzas armadas y de seguridad en funciones específicas.
5. Abogados jubilados y aquellos que ejercen profesiones auxiliares de la justicia, como escribanos públicos y contadores, bajo condiciones particulares.
6. Magistrados y funcionarios judiciales jubilados, limitados a no actuar ante el fuero al que pertenecían por un período de dos años.
7. Por Especial Impedimento:
8. Abogados suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio Público de Abogados.
9. Abogados excluidos de la matrícula profesional por sanción disciplinaria hasta que sean rehabilitados.

Los abogados que se encuentren en alguna de las situaciones de incompatibilidad descriptas deben comunicar esta circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causa y la duración de la misma. La omisión de esta comunicación puede resultar en sanciones. No obstante, los abogados en estas situaciones pueden actuar en causas propias o de familiares directos, así como en casos inherentes a su cargo o empleo, pudiendo percibir honorarios conforme a las leyes.

DEBERES DEL ABOGADO

Los deberes específicos de los abogados son múltiples y se detallan a continuación:

• Observar la Constitución y la Legislación: Deben observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación derivada de esta.
• Asesoría Gratuita: Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que, por sorteo, realicen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita a litigantes carentes de suficientes recursos.
• Domicilio Profesional: Tener un estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal.
• Comunicación de Cambios de Domicilio: Comunicar al Colegio cualquier cambio de domicilio, así como la cesación o reanudación de sus actividades profesionales.
• Comportamiento Ético: Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional.
• Secreto Profesional: Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.

DERECHOS DEL ABOGADO

La ley equipara al abogado, en el desempeño de su profesión, con los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Este principio subraya la importancia del rol del abogado en el sistema judicial, reconociendo su contribución esencial a la administración de justicia y asegurando que sean tratados con la dignidad que su función requiere. Este reconocimiento implica que cualquier infracción a esta norma puede resultar en sanciones, por lo que el abogado afectado tiene el derecho de efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor y de comunicar la violación al Colegio Público de Abogados, el cual puede constituirse en parte en las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, los derechos específicos de los abogados incluyen:

• Consulta Jurídica y Remuneración: Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración por su trabajo.
• Defensa y Representación: Defender, patrocinar y/o representar judicialmente a sus clientes.
• Secreto Profesional: Guardar el secreto profesional.
• Comunicación con Clientes Detenidos: Comunicarse libremente con sus clientes respecto de sus intereses jurídicos, incluso cuando estos estén privados de libertad.
• Inviolabilidad del Estudio: La inviolabilidad del estudio profesional como resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de allanamiento, la autoridad competente debe notificar al Colegio, y el abogado puede solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento.

Además de los derechos ya mencionados, los abogados tienen la facultad de requerir información a las entidades públicas sobre las cuestiones que se les hayan encomendado y tener libre acceso a archivos y dependencias administrativas, excepto en casos de información privada o registros declarados reservados por disposición legal.

En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, los abogados tienen el derecho a obtener informes sobre los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cargo de la causa. Estos informes deben ser proporcionados por escrito y por el funcionario de mayor jerarquía presente al momento del requerimiento, sin restricción de horarios.

PROHIBICIONES PARA LOS ABOGADOS

El artículo 10 de la Ley 23.187 establece prohibiciones específicas para los abogados, que incluyen:

• Intereses Opuestos: Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente en una misma causa, intereses opuestos.
• Ejercicio en Procesos Anteriores: Ejercer la profesión en procesos donde hubieran intervenido anteriormente como jueces, secretarios o representantes del ministerio público.
• Uso Indebido de Firma: Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que no sean abogados.
• Distribución de Honorarios: Disponer la distribución o participación de honorarios con personas sin título habilitante para el ejercicio profesional.
• Publicidad Engañosa: Publicar avisos que induzcan a engaño o que ofrezcan ventajas violatorias de las leyes en vigor o de la ética profesional.
• Intermediarios Remunerados: Recurrir a intermediarios remunerados para obtener asuntos.